Los municipios de la provincia de Segovia han dado un paso al frente y han protagonizado una concentración multitudinaria para rechazar de forma conjunta la instalación de plantas de biogás y biometano en sus territorios. La movilización ha reunido a vecinos de distintos puntos de la provincia bajo un mensaje común y contundente.
La protesta ha puesto de manifiesto la creciente preocupación entre los habitantes del mundo rural segoviano ante los proyectos de estas infraestructuras energéticas. Los asistentes han dejado claro que el rechazo no entiende de fronteras municipales ni de intereses locales particulares: lo que no se quiere en un pueblo, tampoco se acepta en el vecino.
Bajo ese espíritu de solidaridad territorial, la concentración ha reunido a representantes de ayuntamientos, asociaciones de vecinos y ciudadanos a título individual. Todos ellos comparten el temor a los posibles impactos medioambientales, paisajísticos y sobre la calidad de vida que podrían traer consigo este tipo de instalaciones.
Los argumentos de los manifestantes apuntan a los riesgos derivados de los olores, el tráfico de camiones por carreteras rurales y la alteración del entorno natural, elementos que consideran incompatibles con un territorio que apuesta por el turismo, la agricultura y la ganadería tradicional.
Las voces más críticas señalan además que estas plantas suelen ubicarse en zonas de escasa densidad de población, donde la capacidad de resistencia de los vecinos es menor y donde las instituciones no siempre prestan la misma atención que en los núcleos urbanos.
La movilización llega en un momento en el que varias provincias de Castilla y León están en el punto de mira de promotores privados interesados en desarrollar proyectos de energía a partir de residuos orgánicos, amparados en la creciente demanda de alternativas al gas natural.
Los organizadores de la concentración han anunciado que la lucha continuará y que no descartarán nuevas movilizaciones si los proyectos siguen adelante. Piden a la Junta de Castilla y León y a las administraciones competentes que escuchen a los municipios afectados antes de autorizar cualquier instalación.
La provincia de Segovia ha demostrado este lunes que, cuando el territorio siente que su futuro está en juego, sus pueblos son capaces de hablar con una sola voz.
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