La Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado sentencia condenatoria contra dos personas acusadas de explotar sexualmente a mujeres traídas desde Paraguay, que eran obligadas a prostituirse en un piso de la Avenida de Burgos las veinticuatro horas del día.
El tribunal ha impuesto a María Ángela P.C., conocida como Vanessa, una pena de doce años y ocho meses de prisión, junto a una multa de 8.400 euros y diez años de libertad vigilada tras cumplir condena. Ha sido declarada culpable de dos delitos de prostitución coactiva, aprovechamiento de la prostitución ajena, tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.
Su condena es considerablemente inferior a los 25 años que solicitaba el fiscal para ella.
Javier R.A., expareja de la presunta cabecilla de la organización, ha recibido una condena de siete años y medio de cárcel y una multa de 885 euros por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La principal responsable de la red, la ciudadana paraguaya Lorenza C.P., apodada Lorena o Nicole, no llegó a sentarse en el banquillo al encontrarse en paradero desconocido, aunque se la sitúa actualmente en Brasil. Según la sentencia, fue ella quien financió el traslado de las víctimas desde Paraguay hasta Valladolid, generando una deuda que estas debían saldar mediante la prostitución. Los beneficios documentados de la actividad superan los 186.000 euros.
Las mujeres explotadas declararon que debían estar permanentemente disponibles, vestidas y maquilladas, sin poder rechazar a ningún cliente ni ningún servicio, incluso cuando se encontraban enfermas o con el periodo.
Además de la explotación sexual, en el inmueble se vendía droga como servicio adicional. Los clientes la solicitaban mediante términos en clave como fiesta blanca, caramelo, postre o el tema.
La acusada Vanessa intentó presentarse ante el tribunal como una víctima más, asegurando que también fue prostituida por su prima y que llegó a España con una deuda de 3.000 euros. El tribunal, sin embargo, consideró acreditado que era ella quien controlaba de facto la actividad del piso, recibía a los clientes y gestionaba los cobros.
Por otro lado, los otros dos acusados en la causa, Mirta Graciela G. y Hugo Javier A.A., han resultado absueltos de todos los cargos que les imputaba el fiscal, quien había pedido para ellos dieciocho años y nueve años y ocho meses de prisión respectivamente.