El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dado un giro inesperado al caso que conmocionó a Oviedo: los padres que mantuvieron a sus dos hijos menores recluidos durante más de tres años en su vivienda del barrio de Fitoria quedarán libres de prisión tras ser absueltos del delito de maltrato psicológico.
La Sala de lo Civil y Penal estimó parcialmente el recurso presentado por la defensa del matrimonio, formado por un ciudadano alemán y una estadounidense, al concluir que en su actuación no existió voluntad de infligir un trato degradante o humillante a los niños, sino lo que los magistrados describen como una sobreprotección mal entendida.
Según recoge la resolución, todo comenzó con el pánico al contagio por COVID-19, que llevó a los progenitores a aislar a los pequeños del mundo exterior. Con el tiempo, ese miedo inicial fue sustituido por otro: al no estar los niños empadronados ni escolarizados desde su llegada a España en 2021, los adultos temían que los Servicios Sociales les retirasen la custodia. Ellos mismos se sometieron al mismo encierro.
El tribunal considera determinante que a lo largo de ese período no se produjera violencia física, castigos ni manipulaciones sobre los menores. Eso, a ojos de los magistrados, descarta una intención claramente lesiva.
Sin embargo, el caso no se cierra sin condena. Los padres deberán cumplir seis meses de cárcel por el delito de abandono de familia, que se mantiene firme. Y los hechos que lo justifican son demoledores.
Cuando las autoridades accedieron a la vivienda el 28 de abril de 2025, los dos hermanos, de ocho y diez años, no sabían ni leer ni escribir. Presentaban problemas de control de esfínteres por el uso prolongado de pañales, se sorprendían al pisar hierba y actualmente tienen reconocida una discapacidad del 35% por trastorno del desarrollo psicológico. El domicilio estaba seriamente desordenado y sucio.
El TSJA califica de flagrante e injustificado el incumplimiento del deber de escolarizar a los menores, privándoles del derecho a la educación y a la socialización necesaria para su desarrollo.
Tras la decisión judicial, las medidas cautelares han quedado suspendidas y ambos progenitores abandonarán el Centro Penitenciario de Asturias. No obstante, la sentencia aún no es firme: la Fiscalía podría recurrir el caso ante el Tribunal Supremo, donde el asunto podría tomar un nuevo rumbo.