La empresa pública de transporte urbano de València se encuentra en una situación financiera cada vez más comprometida. La deuda que reclama a la Generalitat Valenciana por las discrepancias en el pago de las tarjetas Suma ha llegado ya a los 49 millones de euros, una cifra que el propio consejo de administración de la EMT reconoció este miércoles en su última reunión.
El conflicto arranca en junio de 2024, cuando la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) y la EMT comenzaron a discrepar sobre cómo calcular la compensación por las validaciones de los títulos de transporte coordinados. La EMT defiende que el pago debe hacerse sobre la tarifa oficial completa, sin descontar las bonificaciones del Gobierno central. La ATMV, en cambio, considera que la compensación debe aplicarse sobre el precio final del billete, ya reducido por las ayudas estatales.
Ante la falta de acuerdo, la ATMV ha venido abonando únicamente el 80% de lo reclamado, calificando ese porcentaje como su límite de conformidad. El 20% restante, que suma casi 50 millones de euros, tendrá que resolverse en los tribunales. La EMT presentó un recurso contencioso-administrativo en diciembre de 2025 para intentar recuperar ese dinero por la vía judicial.
Para hacer frente a la tensión de tesorería que genera este impago, el consejo de administración aprobó también una nueva póliza de crédito de hasta 40 millones de euros, repartida entre Caixa Popular, Ibercaja, BBVA y Bankinter. Es el segundo año consecutivo que la empresa recurre a esta fórmula para pagar gastos básicos como el combustible o las nóminas de sus trabajadores.
Desde la oposición, el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi denunció que esta operación confirma la delicada situación financiera en que se encuentra la EMT, advirtiendo además que el Ayuntamiento tendrá que actuar como garante si la empresa no pudiera devolver el préstamo. Por su parte, la edil socialista Elisa Valía acusó al gobierno local de pasividad frente a los impagos de la Generalitat y criticó que la alcaldesa esté ignorando un problema que obliga a la empresa municipal a endeudarse para funcionar día a día.
En el mismo consejo de administración se firmó también el convenio colectivo para el periodo 2026-2029 con los sindicatos APTTUV y UGT, un acuerdo que el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, valoró como un paso hacia la estabilidad laboral y la mejora del servicio público de transporte en la ciudad.