La Junta de Extremadura ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional por los violentos episodios ocurridos en los últimos días en el Centro de Acogida de Menores Isabel de Moctezuma, ubicado en la localidad cacereña de Caminomorisco.
Fue el director general de Servicios Sociales y Familia, Eliseo Fernández, quien se personó este jueves en la Comisaría de la Policía Nacional de Mérida para poner los hechos en conocimiento de las autoridades. La situación también ha sido trasladada a la Fiscalía de Menores.
Según ha explicado el propio Fernández, todo comenzó el pasado viernes 17 de julio con una pelea entre varios internos del centro. Al día siguiente, la situación escaló de forma alarmante cuando un grupo de menores, liderados por lo que el director general describió como un «cabecilla», protagonizó lo que calificó de «pequeño motín», con agresiones entre ellos en el que participaron «prácticamente todos» los internos del centro.
El guardia de seguridad presente en ese momento se vio «completamente superado» por los acontecimientos y tuvo que llamar a la Guardia Civil para que acudiera a restablecer el orden en las instalaciones.
Los incidentes no se detuvieron ahí. Este pasado lunes, uno de los menores llegó a amenazar directamente a la directora del centro, lo que elevó aún más la gravedad de la situación.
Como consecuencia de estos hechos, varios menores han resultado heridos. El personal del centro, aunque no ha sufrido daños físicos, ha vivido estos días con una sensación de amenaza constante. El propio Fernández reconoció que los trabajadores «se han sentido bastante amenazados y con riesgo para su seguridad».
La Junta asegura que tuvo conocimiento de la magnitud real de los hechos el pasado miércoles, lo que motivó la presentación inmediata de la denuncia al considerar que la gravedad de lo ocurrido exigía la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado y del ministerio fiscal.
El centro Isabel de Moctezuma acoge a menores en situación de desamparo o con medidas de protección, y estos sucesos han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de instalaciones y la protección de los profesionales que trabajan en ellas.
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