El conflicto entre los agentes de la Policía Local de Segovia y el equipo de gobierno municipal tiene ya fecha en el calendario judicial. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia ha fijado el próximo 28 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, la vista que resolverá las tres denuncias presentadas por la plantilla y varios sindicatos contra los decretos de Alcaldía utilizados para ordenar servicios extraordinarios obligatorios.
El juicio, que inicialmente estaba previsto para el 8 de julio, quedó suspendido días antes de celebrarse después de que el Ayuntamiento solicitara acumular las tres demandas en un único procedimiento. El aplazamiento dejó en el aire una decisión que muchos esperaban con atención en ambos bandos.
Lo que está en juego es si el gobierno municipal del Partido Popular puede seguir recurriendo a esta fórmula para cubrir refuerzos de seguridad cuando no hay policías dispuestos a realizar esas horas de manera voluntaria. Los agentes defienden que eventos como la carrera de San Silvestre, la Cabalgata de Reyes, la Media Maratón o la Semana Santa son citas previsibles que deberían planificarse con tiempo y cubrirse mediante un acuerdo negociado.
Desde diciembre, y ante la falta de avances en la negociación con el Ayuntamiento para mejorar sus condiciones laborales, los policías dejaron de realizar horas extraordinarias de forma voluntaria. Desde entonces, solo acuden a estos refuerzos cuando son convocados por decreto.
A pesar de la proximidad del juicio y sin que la negociación haya avanzado, el Ayuntamiento ha vuelto a usar el mismo mecanismo. La Alcaldía ha decretado servicios extraordinarios para las fiestas del barrio de San Lorenzo, que se celebrarán entre el 6 y el 11 de agosto, con el objetivo de reforzar la seguridad en actos multitudinarios como los encierros nocturnos.
La última vez que se recurrió a esta vía fue durante las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro, en junio, cuando el propio Ayuntamiento reconoció la falta de voluntarios y designó a los agentes mediante sorteo.
El fallo, que no se espera antes del otoño, podría condicionar tanto la organización de futuros dispositivos de seguridad como los expedientes abiertos a los policías que no acudieron a algunas de estas convocatorias. Sin embargo, el conflicto va más allá de los tribunales: las condiciones retributivas, el déficit de efectivos y la organización de la plantilla siguen sin resolverse, y ambas partes no descartan recurrir la sentencia.
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