Los residentes de los apartamentos tutelados Gure Batán se plantaron el pasado martes ante la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria para pedir que se modifique el proyecto de un geriátrico privado que se construirá literalmente a sus puertas.
La empresa Ballesol, perteneciente al grupo Santalucía, tiene previsto levantar su primera residencia en la capital alavesa frente a los apartamentos tutelados de Maite Zúñiga, en el barrio de El Batán. El edificio contará con cuatro plantas y capacidad para 92 usuarios, y se ubicará a tan solo tres metros de la valla del actual equipamiento.
Los vecinos afectados, personas mayores en su mayoría, denuncian que el proyecto les dejará enfrente «un muro» que les robará luz, vistas y tranquilidad. Además, cuestionan que las habitaciones del nuevo centro, de 13 metros cuadrados, resultarán insuficientes para sus futuros residentes. «Somos personas mayores pidiendo calidad de vida para otras personas mayores», resumieron ante los concejales.
Como precedente, recuerdan que hace años una situación similar con la residencia foral de Ajuria acabó con el rediseño del edificio, pasando de seis plantas a dos con más espacios abiertos.
El concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, defendió que el expediente cumple todos los requisitos del Plan General, que califica las parcelas como equipamiento terciario, y destacó que la promotora ya ha aceptado retranquear el edificio para mejorar su integración en el entorno. El proyecto cuenta además con el respaldo del Departamento foral de Políticas Sociales y del servicio de Patrimonio.
Este último aspecto cobra importancia porque la parcela se encuentra en zona de presunción arqueológica. Las catas realizadas han revelado incluso restos de una necrópolis de hace 4.000 años, aunque los trabajos han concluido y el proyecto sigue adelante.
La nueva residencia llega en un momento de profunda transformación del modelo de cuidados en Álava. Los grandes grupos privados ganan terreno frente a los pequeños geriátricos, dos de cada tres de los cuales tiene menos de 25 plazas y algunos ya empiezan a cerrar por falta de relevo o dificultades económicas. Con 280 personas en lista de espera para acceder a una residencia pública, la Diputación también prepara la incorporación de 104 nuevas camas de titularidad pública antes de que acabe el año.
El debate en El Batán refleja, en definitiva, la tensión entre la urgente necesidad de plazas residenciales y el derecho de los vecinos a un entorno digno.
