El sindicato SP-TES ha denunciado públicamente que los trabajos de reforma en el Hospital Universitario de Salamanca han generado una situación de riesgo real tanto para la seguridad de los viandantes como para la intimidad de los enfermos trasladados en ambulancia.
Según explican los representantes del Sindicato Profesional de Técnicos en Emergencias Sanitarias, las obras están alterando de forma drástica los flujos habituales de acceso al servicio de urgencias. El resultado es una mezcla peligrosa: peatones deambulando por viales reservados a los vehículos de emergencias, señalización insuficiente y ninguna protección visual para los pacientes que llegan en ambulancia.
El punto más alarmante que señala el sindicato es el riesgo de atropello. Las ambulancias necesitan accesos despejados y ágiles cuando acuden a urgencias, ya que cada segundo puede ser determinante para la vida de un paciente. La presencia de ciudadanos y acompañantes en esas vías, desorientados por la falta de indicaciones claras, multiplica las posibilidades de que se produzca un accidente grave o de que se retrase una asistencia crítica.
A esto se suma la vulneración de la intimidad de quienes llegan al hospital en sus peores momentos. El sindicato denuncia que los enfermos son trasladados a la vista de cualquier persona que pase por la zona, sin ningún tipo de pantalla o barrera que proteja su dignidad. Desde SP-TES lo califican de «espectáculo involuntario» que no debería tolerarse en un centro sanitario de referencia.
La organización ya ha trasladado estas quejas de forma oficial a las gerencias del hospital. Entre las medidas que exige de manera urgente figuran la instalación de pantallas o pasos cubiertos que garanticen la privacidad de los pacientes durante su traslado desde la ambulancia, así como una delimitación clara y contundente de los itinerarios peatonales para evitar que las personas invadan las zonas de paso de los vehículos de emergencias.
Desde el sindicato recuerdan que la ejecución de unas obras, por necesarias que sean, no puede convertirse en una justificación para comprometer ni la seguridad ni la dignidad de los ciudadanos que acuden al hospital en situaciones de máxima vulnerabilidad.
La pelota queda ahora en el tejado de los responsables hospitalarios y de la empresa adjudicataria de los trabajos, a quienes se exige una respuesta inmediata.
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