La Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a comercializar de manera ilegal monedas históricas de oro y plata del siglo XIX, algunas de las cuales fueron vendidas en establecimientos de compraventa de metales preciosos de Valladolid. La operación se saldó con dos detenidos y la recuperación de 26 piezas de gran valor patrimonial.
Los arrestados son un matrimonio al que se le imputan presuntos delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales. Otras cuatro personas están siendo investigadas por daños contra el patrimonio histórico.
El hilo de la investigación comenzó a desenredarse en Avilés, donde los agentes detectaron la venta de una moneda de oro de 100 reales acuñada durante el reinado de Isabel II. A partir de ese momento, las pesquisas revelaron que la pareja había colocado otras 13 piezas similares en tiendas de Oviedo, Gijón, Palencia y Valladolid.
Para dificultar el rastreo de las operaciones, los implicados distribuyeron las ventas entre distintas ciudades, una práctica conocida en el argot policial como pitufeo, que consiste en fragmentar las transacciones para evitar levantar sospechas.
Uno de los aspectos más graves del caso es la destrucción irreversible de al menos cuatro de las monedas, que fueron fundidas en los propios establecimientos donde se vendieron, entre ellos uno situado en Palencia. Al tratarse de piezas protegidas por la legislación de patrimonio histórico, su fusión constituye un daño irreparable para el acervo cultural español.
Durante la operación, los agentes lograron recuperar ocho de las monedas que ya habían sido comercializadas e incautaron otras dieciocho, dos de oro y dieciséis de plata. El conjunto de las piezas recuperadas está valorado en cerca de 10.900 euros.
Las monedas quedarán depositadas en el museo que designe la autoridad judicial mientras la investigación sigue su curso, abierta a posibles nuevas diligencias.
El caso pone de relieve la vulnerabilidad del patrimonio numismático español ante redes que aprovechan los circuitos de compraventa de metales para dar salida a piezas de procedencia dudosa, diluyendo su rastro entre diferentes provincias y comunidades autónomas.
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