La Diputación de Álava exige control sobre los campamentos de Navarra vinculados al polémico udaleku de Bernedo

La Diputación Foral de Álava ha solicitado medidas cautelares sobre dos campamentos de verano que se están celebrando en las localidades navarras de Goñi y Abaigar, organizados por la misma asociación que gestiona el controvertido udaleku de Bernedo, actualmente bajo investigación judicial.

La Diputación de Álava exige control sobre los campamentos de Navarra vinculados al polémico udaleku de Bernedo

Se trata de la asociación Sarrea, que además del campamento alavés organiza estas dos actividades en la comunidad foral vecina. Mientras el udaleku de Bernedo no abrirá sus puertas este verano, los de Navarra sí están en marcha, lo que ha llevado a las instituciones alavesas a reclamar un mayor control sobre ellos.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria investiga en torno a una veintena de denuncias relacionadas con el campamento de Bernedo, entre las que figuran presuntos delitos contra la libertad sexual de menores. Fuentes judiciales apuntan que a partir de septiembre se podría comenzar a recoger el testimonio de los niños que supuestamente sufrieron abusos en estas instalaciones.

Noticias de Vitoria en tu WhatsAppGratis, sin registros y sin que nadie vea tu número.
Unirme al canal

En el ámbito administrativo, la Diputación también está ultimando un recurso contra la resolución de otro juzgado que suspendió el veto foral a la celebración del campamento en Bernedo. Dicho escrito se registrará antes de que finalice el mes de julio, aunque la propia asociación Sarrea ya ha anunciado que no tiene intención de volver a organizar udalakus en territorio alavés por el momento.

El diputado general de Álava, Ramiro González, fue claro al respecto: afirmó que considera un error sostener que no existe riesgo para los menores cuando hay más de veinte denuncias presentadas, y subrayó que la institución tiene previsto agotar todas las vías legales disponibles hasta que la resolución judicial sea revocada.

La situación sigue generando una importante alarma social en el territorio, donde las familias afectadas aguardan con incertidumbre el avance de las investigaciones. Las autoridades alavesas insisten en que la protección de los menores es su prioridad absoluta, y se mantienen vigilantes ante cualquier actividad organizada por la entidad implicada, independientemente de la comunidad autónoma donde se celebre.