La Junta de Extremadura ha dado carpetazo al expediente para explotar el yacimiento de litio de San José de Valdeflórez, en Cáceres, al denegar la solicitud de concesión directa presentada por Castilla Mining, filial de la empresa Infinity Metals. La resolución, fechada el 30 de julio, pone fin a un proceso administrativo que arrancó en febrero de 2024.
La decisión no cuestiona la existencia del yacimiento ni su viabilidad geológica. De hecho, los propios técnicos de la Junta ya concluyeron en abril de 2024 que el litio existía en las dos cuadrículas mineras solicitadas y que su aprovechamiento era técnica y económicamente posible con las tecnologías actuales.
El problema, según expone la Dirección General de Industria, Energía y Minas, es de forma, no de fondo. La vía elegida por la empresa, la concesión directa de explotación, exige que el recurso esté suficientemente estudiado antes de iniciar el trámite. Sin embargo, durante el propio procedimiento la compañía admitió que aún necesitaba realizar nuevos sondeos, ensayos metalúrgicos, estudios geotécnicos y otras labores de investigación.
Eso, a ojos de la Administración, equivale a reconocer que la fase de investigación no estaba terminada cuando se presentó la solicitud, algo incompatible con la figura de la concesión directa.
La empresa también intentó que el procedimiento se suspendiera a la espera de obtener los permisos necesarios para esos nuevos trabajos, pero la Junta rechazó esa opción. Esa posibilidad existe cuando una concesión deriva de un permiso de investigación previo, pero no en una concesión directa, que presupone que toda esa labor ya está hecha.
El recorrido de este proyecto en Cáceres viene de lejos. Castilla Mining solicitó en junio de 2019 un permiso de exploración sobre 315 cuadrículas mineras en los términos de Cáceres, Sierra de Fuentes y Torreorgaz. Ese permiso le fue concedido en marzo de 2023 con vigencia de un año, y en febrero de 2024 la empresa dio el paso de pedir la concesión directa de explotación.
Ahora, tras más de dos años de tramitación, el expediente queda cerrado. La Junta concede a la empresa un plazo de 60 días para solicitar un permiso de investigación y continuar por la vía ordinaria si quiere mantener vivo el proyecto, lo que en la práctica supone volver al punto de partida.
El futuro de la mina de litio más polémica de Extremadura queda así en el aire, pendiente de que la empresa decida si merece la pena recomenzar un proceso que ya acumula años de espera.
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