El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha salido al paso de las críticas generadas por la nueva Ley de Ordenación del Litoral, asegurando que la norma no recortará ninguna capacidad de gestión al Consell Insular de Menorca, sino que, al contrario, la dotará de mayor respaldo jurídico y operativo.
Lafuente ha explicado que la suspensión de varios artículos de la Ley de la Reserva de Biosfera era inevitable porque esos preceptos vulneraban el artículo 70 del Estatut d’Autonomia, que regula el traspaso de competencias entre administraciones. Según el conseller, la ley impulsada en su día por el Consell del Pacte era un «bodrio jurídico de imposible aplicación» que generaba una «anomalía asimétrica» en el reparto competencial.
La nueva norma, aún en tramitación parlamentaria, atribuye a los consells insulares la redacción del Plan Director del Litoral. Al mismo tiempo, traslada a los ayuntamientos la responsabilidad de elaborar los planes de ordenación de cada una de las playas de su municipio.
Lafuente también ha señalado que el Consell tendrá capacidad para elaborar el inventario de bienes patrimoniales del litoral a proteger, lo que incluye directamente las casetes de vorera, uno de los elementos más identitarios del paisaje costero menorquín.
Uno de los puntos que más debate ha generado es la posible tutela del Govern sobre la gestión insular. El conseller ha quitado hierro al asunto y ha asegurado que esa supervisión se llevará a cabo «de forma normal, con los informes preceptivos necesarios», sin que suponga una merma real de autonomía.
Sin embargo, el proceso no será inmediato. La transferencia efectiva de cada competencia deberá tramitarse a través de la comisión mixta prevista en el Estatut, lo que podría dilatar en el tiempo el momento en que el Consell y los ayuntamientos puedan gestionar plenamente el litoral que les corresponde.
El titular del departamento ha reconocido que el proyecto generará debate político, pero ha recordado que aún debe superar su tramitación en el Parlament, donde podrán presentarse enmiendas y alegaciones. «El espíritu de la ley está claro», ha subrayado, «se pretende ordenar el litoral respetando la autonomía de los consells y los ayuntamientos y con todas las garantías jurídicas».
La norma busca además igualar a todas las islas en sus competencias sobre el litoral, siguiendo el modelo de las Directrices de Ordenación Territorial ya existentes.
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