El Ministerio de Transportes y AENA han anunciado una inversión de 170 millones de euros para el Aeropuerto de Menorca en el periodo 2027-2031, dentro de un plan nacional que alcanza los 13.000 millones de euros. Sin embargo, la noticia ha desatado la indignación en la isla al comprobarse que la tan demandada nueva torre de control brilla por su ausencia en el documento oficial.
El Documento de Regulación Aeroportuaria, que recoge las partidas previstas para el quinquenio, no incluye ninguna asignación para renovar la actual torre de control del aeropuerto menorquín. Una instalación que tiene el dudoso honor de ser la más antigua de todo el territorio español y que acumula deficiencias y deterioro desde hace años.
La exclusión resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta el historial reciente. Ya se intentó sin éxito implantar un sistema de torre de control virtual como solución alternativa, un proyecto que no prosperó y que dejó el problema sin resolver. Las instituciones y representantes políticos de la isla llevan tiempo reclamando una solución definitiva para garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El senador y presidente del PP-Menorca, Cristóbal Marqués, ha expresado su indignación ante lo que considera un agravio para los menorquines. Pero la crítica no se queda en un solo partido: el diputado y secretario general del PSOE-Menorca también se había pronunciado públicamente a favor de la construcción de la nueva torre, lo que convierte esta omisión en un varapalo que trasciende las fronteras del debate partidista.
Lo que más duele en la isla es que esta exclusión se produce en el marco de una inversión histórica sin precedentes. Que se destinen miles de millones en infraestructuras aeroportuarias a nivel nacional y que Menorca no consiga incluir una obra tan necesaria y repetidamente exigida se percibe como una falta de respeto a los ciudadanos y como un incumplimiento de acuerdos alcanzados en las propias Cortes Generales.
La pelota queda ahora en el tejado de las instituciones locales y autonómicas. La ciudadanía menorquina espera una respuesta unida y contundente de sus representantes para revertir una situación que, a estas alturas, ya no admite más excusas ni dilaciones.
