La Junta cierra la puerta a la mina de litio de Cáceres y el alcalde celebra el fin de un proyecto que «no era beneficioso»

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura ha denegado a Castilla Mining, filial de Infinity Metals, la concesión directa de explotación del yacimiento de litio de Valdeflores, en Cáceres. El alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, no tardó en valorar la decisión y fue tajante: «Este es el punto y final para el proyecto».

La Junta cierra la puerta a la mina de litio de Cáceres y el alcalde celebra el fin de un proyecto que "no era beneficioso"

Mateos compareció de urgencia este viernes para referirse a una resolución que pone fin, al menos por esta vía, a casi una década de debate social y político en torno a la que habría sido una de las minas de litio más importantes de Europa.

Según explicó el regidor, la resolución no niega la existencia del yacimiento ni su potencial económico, sino que cuestiona el procedimiento elegido por la empresa para solicitar los permisos. La administración regional concluyó que la propia documentación presentada por Infinity Metals demuestra que aún son necesarios nuevos sondeos e investigaciones, algo incompatible con una concesión directa de explotación, que exige un conocimiento previo y suficiente del recurso.

«No es factible no porque no haya litio, sino porque no cumple los requisitos administrativos», subrayó Mateos, quien añadió que la empresa había acreditado durante la tramitación que necesitaba seguir investigando el yacimiento.

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El alcalde aprovechó la ocasión para defender la gestión municipal durante todo el proceso. Recordó que desde el principio defendieron la necesidad de tramitar los expedientes con rigor y transparencia, sin atajos ni carpetazos. «El tiempo al final ha venido a darnos la razón», afirmó con satisfacción.

Mateos también quiso zanjar el debate sobre la conflictividad que el proyecto había generado en la ciudad. «Podemos decir que a día de hoy es agua pasada», señaló, describiendo el plan como un proyecto «que no era maduro» y que «no contaba con respaldo social».

La resolución deja abierta, no obstante, una vía legal: la empresa dispone de un plazo de 60 días para solicitar un nuevo permiso de investigación y reiniciar el procedimiento por la vía ordinaria. Preguntado al respecto, el alcalde restó importancia a esa posibilidad y evitó pedir expresamente a Infinity Metals que abandone el proyecto. «Yo no tengo que decirle a las empresas lo que tienen que hacer», respondió.

Con esta decisión administrativa, Cáceres cierra un capítulo que durante años dividió a vecinos, colectivos ecologistas, empresarios y políticos locales en torno al futuro del subsuelo de la ciudad.