El Ministerio de Consumo ha impuesto la mayor sanción conocida hasta la fecha a una empresa organizadora de festivales de música en España. La promotora del Reggaeton Beach Festival tendrá que pagar 320.000 euros por cuatro infracciones graves detectadas en sus eventos y deberá retirar de inmediato todas las prácticas declaradas abusivas.
La resolución llega tras la denuncia presentada por Facua-Consumidores en Acción y pone el foco en unas conductas que muchos asistentes a este tipo de macrofestivales han sufrido sin saber que podían ser ilegales.
La primera infracción es la prohibición de acceder al recinto con comida o bebida adquirida fuera del festival. Para reforzar esa restricción, la organización se reservaba además el derecho a registrar a los asistentes en la entrada, algo que Consumo considera directamente abusivo.
La segunda práctica sancionada es el cobro por reentrada. Quien salía del recinto para fumar o por cualquier otro motivo y quería volver, debía pagar una cantidad extra sobre el precio ya abonado por su entrada.
El sistema de pulseras cashless, ese monedero digital que se lleva en la muñeca y que se ha convertido en el método de pago habitual en los grandes festivales, también está en el punto de mira. La empresa limitaba a un plazo muy corto la posibilidad de recuperar el dinero no gastado, cobraba una comisión por la devolución y se quedaba directamente con los saldos inferiores a dos euros.
La cuarta infracción afecta a los famosos gastos de gestión que se añaden al precio de la entrada al comprarla por internet. El ministerio ha constatado que ese sobrecoste no correspondía a ningún servicio real, sino que era simplemente un incremento de precio encubierto. La normativa es clara: el precio de una entrada debe ser final y completo desde el primer momento.
La empresa sancionada, que opera en varias comunidades autónomas, ya ha admitido su responsabilidad. Hasta ahora, la mayor multa que se recordaba en este sector la había impuesto la Comunidad de Madrid en 2025 a los organizadores del festival Brava Madrid, con 96.000 euros. La nueva sanción la triplica con creces.
Consumo recuerda que los festivales están obligados a garantizar acceso gratuito a agua del grifo dentro del recinto y que la prohibición de introducir alimentos puede ser abusiva si dentro se permite consumirlos previo pago en los puestos del evento.
Una señal clara de que los abusos en el ocio masivo ya no quedan impunes.
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