Un joven de 27 años fue arrestado en la madrugada del pasado lunes en la calle Pozanos de Burgos mientras sustraía cable del alumbrado público, dejando parte de la red eléctrica sin protección y poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos.

Los hechos ocurrieron el 3 de agosto a las 02:25 horas, cuando el 112 recibió un aviso de varios testigos que alertaban de la presencia de un hombre manipulando las arquetas del suministro eléctrico a lo largo de la calle. Los testigos indicaron que llevaba varios minutos en la zona cuando se dio la voz de alarma.
Una patrulla de la Unidad de Respuesta Rápida de la Policía Local se desplazó de inmediato al lugar. Los agentes encontraron al sospechoso escondido entre dos vehículos aparcados, portando una cizalla y un destornillador que habría utilizado para cometer el robo.
Tras inspeccionar la zona, los policías comprobaron que las arquetas situadas entre los números 9 y 13 de la calle Pozanos habían sido manipuladas y que el cable de toma de tierra había sido cortado, llegando a extraerse cerca de 20 metros de cable. El valor de lo sustraído supera los 400 euros. La empresa responsable del mantenimiento del alumbrado de la ciudad confirmó los daños y detectó además cortes similares en varias arquetas de la cercana calle Pintor Sorolla.
La sustracción del cable de toma de tierra dejó la infraestructura eléctrica sin la protección necesaria frente a posibles derivaciones, lo que supone un riesgo directo tanto para la instalación como para la ciudadanía.
Lo que agravó aún más la situación fue que los agentes comprobaron que el detenido ya había protagonizado robos de similares características en Burgos durante este mismo año: el 16 de febrero en la calle Uruguay y el 26 de mayo en la calle Los Corrales, en el barrio de Villalonquéjar. Se trata, por tanto, de un ladrón reincidente bien conocido por las fuerzas del orden.
Durante su detención y el traslado a dependencias policiales, el joven respondió con insultos y amenazas graves contra los agentes, lo que le valió una segunda acusación por delito de atentado contra la autoridad por intimidación y amenazas graves.
El caso pone de nuevo sobre la mesa la vulnerabilidad de las infraestructuras públicas frente a este tipo de robos, que no solo generan costes económicos sino también riesgos reales para la seguridad de los burgaleses.
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