La Asociación Menorca Historia y Concordia ha manifestado públicamente su «perplejidad» ante la resolución que obliga a retirar el monolito de la plaza Esplanada de Maó en un plazo de seis meses. La entidad, presidida por Isabel Rodríguez, considera que la decisión del Ministerio de Memoria Democrática ignora décadas de evolución simbólica del monumento y va en contra del sentir mayoritario de la ciudadanía mahonesa.
El obelisco fue erigido en 1939 para conmemorar la victoria franquista al final de la Guerra Civil. Sin embargo, en 2009 fue sometido a un proceso de resignificación para adaptarlo a la Ley de Memoria Histórica vigente. Desde entonces, según defiende la asociación, el monumento ya no exalta a ningún régimen ni cita a víctimas o mandatarios de ningún bando. Su inscripción actual honra, sin distinción, a todas las personas que perdieron la vida durante la contienda o la posguerra.
«No consta nombre ni identidad de mandatarios ni de víctimas de la Guerra Civil, la posguerra o la dictadura», recalca la entidad en su comunicado, para argumentar que el monolito proyecta hoy un carácter «neutral e inclusivo».
La asociación va más lejos y califica la situación de «incongruencia administrativa», ya que la orden actual contradice lo que el propio Estado determinó en 2009 junto al Ministerio de Defensa. Además, señalan que el obelisco forma parte del paisaje urbano de Maó desde hace décadas y que, salvo una manifestación promovida por Esquerra de Menorca en 2022, ha permanecido ajeno a cualquier uso político.
Otro argumento que esgrimen es de carácter patrimonial. El monolito se encuentra dentro de una propiedad del Ministerio de Defensa con reconocido valor histórico, y su eliminación vulneraría el Catálogo Municipal que protege el entorno de la Esplanada.
Para la asociación, derribar el obelisco supone «una imposición contra la costumbre» y contradice el deber del Estado de promover políticas de memoria que sean «reparadoras, inclusivas y plurales», en lugar de optar por soluciones que dividan a la ciudadanía.
La polémica llega en pleno verano y promete agitar el debate político local en los próximos meses, con el reloj corriendo para que el Ministerio de Defensa ejecute la orden de retirada antes de que venza el plazo establecido.
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