El Ayuntamiento de València sigue sin publicar el informe sobre el impacto del turismo de cruceros en la ciudad, un documento prometido para articular la regulación del sector y que, a estas alturas del verano de 2026, permanece guardado sin que los vecinos ni los grupos municipales puedan conocer sus conclusiones.
Todo comenzó a principios de 2025, cuando la Fundación Visit València adjudicó la elaboración del estudio a la consultora Grant Thornton Advisory por algo más de 50.000 euros. El contrato fijaba un plazo de seis meses, así que el análisis sobre el impacto económico, social y medioambiental de los cruceros debía estar listo en julio de 2025. No llegó a tiempo.
El consistorio decidió no prorrogar el contrato y en septiembre de 2025 se rescindió de mutuo acuerdo y sin coste para las arcas públicas. Fue entonces cuando la propia fundación asumió la redacción del informe con recursos propios y la colaboración del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
La promesa fue que el documento estaría terminado a finales de 2025. En enero de 2026, desde Visit València reconocían que lo estaban «ultimando». Hoy, en pleno agosto, sigue sin ver la luz.
En el último pleno del Ayuntamiento, la concejalía de Turismo que encabeza Paula Llobet admitió por escrito al PSPV que el estudio ya estaba concluido, pero que aguardaba una «revisión y validación» por parte de las entidades colaboradoras. Una respuesta que no ha convencido a la oposición ni a los colectivos vecinales.
El retraso tiene consecuencias directas sobre la ciudad. En los barrios marítimos, los vecinos llevan meses denunciando que algunas líneas de autobús de la EMT que conectan el puerto con el centro se colapsan cada vez que atraca un gran buque, convirtiéndose en lanzaderas imposibles de usar con normalidad.
El informe era la base sobre la que el equipo de gobierno de María José Català quería apoyar la prohibición de los llamados megacruceros, que la alcaldesa anunció en mayo de 2024 con intención de hacerla efectiva en 2026. Esa promesa tampoco se ha materializado en ninguna regulación concreta.
De forma paradójica, las obras de ampliación de la terminal norte del puerto han reducido de facto el número de grandes cruceros que atracan en la ciudad, al limitarse los amarres disponibles. Una circunstancia provisional que no reemplaza la política pública que el Ayuntamiento lleva años prometiendo sin terminar de concretar.
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