La Generalitat Valenciana entró en el último tramo de la legislatura con la mitad del objetivo del Plan Vive sin cumplir. El programa estrella del Consell para ampliar el parque de vivienda protegida contabiliza apenas 5.100 unidades movilizadas al cierre de 2025, el 51% de las 10.000 que el president Carlos Mazón se comprometió a impulsar cuando asumió el cargo en 2023.
Los datos proceden de las cuentas anuales de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), publicadas esta semana, que desglosan el estado de cada actuación a 31 de diciembre pasado. De las más de 5.100 viviendas contabilizadas, 1.268 se encuentran en fase de licitación, 1.578 ya han sido adjudicadas, 2.062 están en construcción y solo 192 han sido finalizadas.
El mecanismo más utilizado para mover el plan hacia adelante ha sido la llamada permuta de suelo por obra futura. Bajo esta fórmula, la Generalitat cede parcelas de titularidad pública a promotores privados, que las desarrollan y, a cambio, devuelven a la Administración un número acordado de viviendas protegidas. Hasta finales de 2025, se habían licitado 32 parcelas repartidas en 14 procesos de concurso, con 1.871 unidades en marcha bajo este modelo.
El objetivo inicial del Plan Vive era levantar 6.000 viviendas en suelos públicos y otras 4.000 en suelos privados, rompiendo así con años de escasa producción de vivienda protegida en la Comunitat. A menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales previstas para 2027, esa meta queda todavía lejos.
El contexto no ayuda. La Comunitat Valenciana es una de las regiones donde el precio de la vivienda ha subido con más fuerza en los últimos años, y donde las familias dedican una mayor parte de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca. Ante esta situación, el Consell ha anunciado ahora una nueva apuesta: movilizar suelos dotacionales en desuso para permitir la construcción de hasta 120.000 nuevas viviendas, según sus estimaciones.
El plan no ha estado exento de polémica. La oposición ha cuestionado tanto el ritmo de ejecución como la efectividad del modelo, y el escándalo de las VPO en Alicante ha enturbiado la imagen del programa, aunque tanto el sector privado como la Administración insisten en desvincularlo del conjunto de actuaciones.
La mayor parte de las promociones en marcha se concentra en la provincia de Alicante, seguida de Valencia y Castellón, una distribución que responde a la disponibilidad de suelo público y al dinamismo del mercado inmobiliario en cada territorio.
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