El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha dado un paso firme para proteger sus competencias ante el avance de un proyecto de planta de tratamiento de residuos orgánicos y producción de biometano en suelo rústico del municipio. El consistorio ha solicitado formalmente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la suspensión cautelar de cualquier expediente en tramitación relacionado con este tipo de instalaciones.
El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, explicó que la petición responde a una situación de falta de información por parte de la Administración regional. Hasta la fecha, el Ayuntamiento no ha recibido documentación alguna sobre el estado real de estos procedimientos.
El consistorio tiene constancia de que la empresa Montearagón Bioenergy pretende implantar una planta de este tipo en el término municipal. Su Declaración de Impacto Ambiental fue publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el pasado mes de junio, pero el Ayuntamiento desconoce si este proyecto busca acogerse a la figura de Proyecto Prioritario bajo la Ley 5/2020 de la comunidad autónoma.
Esa figura es la que más preocupa al equipo de Gobierno, ya que una declaración de Proyecto Prioritario conlleva efectos directos sobre el urbanismo local, limitando la capacidad de actuación del municipio.
«Queremos conocer exactamente qué proyectos pueden estar tramitándose, disponer de toda la documentación y garantizar que el Ayuntamiento pueda ejercer plenamente sus competencias y defender los intereses de la ciudad antes de que se consoliden situaciones jurídicas de difícil reparación», subrayó García-Barroso.
Los servicios jurídicos municipales estudian ya posibles acciones, entre ellas una eventual modificación del Plan de Ordenación Municipal que refuerce la seguridad jurídica del territorio frente a este tipo de instalaciones.
La cuestión de la planta de biometano no fue el único asunto tratado en la Junta de Gobierno. El órgano aprobó también la adjudicación de cuatro nuevos vehículos para la Policía Local por un importe total de más de 305.000 euros, así como el inicio de un contrato de recaudación tributaria municipal de casi medio millón de euros destinado a combatir el fraude fiscal y mejorar el control de tasas e impuestos en la ciudad.
Talavera de la Reina deja así claro que no permitirá que proyectos de esta envergadura avancen sin que el municipio tenga voz y voto en el proceso.
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