Los progenitores de la joven asesinada presuntamente por su expareja en el barrio de Perines describieron ante la magistrada instructora una relación marcada por el control y la posesividad. Mientras tanto, el detenido, Nabil, se negó a declarar y permaneció completamente impasible durante toda su comparecencia.
La magistrada encargada de la investigación tomó declaración como testigos de referencia a los padres de Paula, quienes explicaron que su hija y el agresor confeso se conocieron hace cuatro años. De esa relación nació un bebé que aún no ha cumplido el año y que ahora está bajo el cuidado de los abuelos.
Según relataron, Paula había roto la relación con Nabil hacía unos meses, aunque con «idas y venidas». Ya había dado el paso de buscar un nuevo piso en La Albericia y tenía varias cajas preparadas con sus pertenencias para la mudanza.
«Nabil era muy controlador y posesivo», señalaron sus padres, quienes creen que la mató por no asumir la ruptura y porque «no tenía dónde ir». Al parecer, el crimen se habría cometido con un cuchillo de cocina.
Lo que más conmovió del testimonio de los padres fue la descripción de los últimos meses de Paula. Habían notado un cambio claro en ella: había vuelto a vestir de forma más femenina, salía a conciertos, quedaba a cenar con amigas y se había matriculado en el ciclo de Integración Social de Formación Profesional. «Parecía que estaba reviviendo», dijeron.
Nabil, por su parte, se acogió a su derecho a no declarar, tal y como ya hizo ante la Policía Nacional. Fuentes cercanas a la investigación apuntaron que se mostró «muy frío» en todo momento, sin expresar ningún tipo de sentimiento, y que ni siquiera preguntó por su hijo.
La fiscal delegada de Violencia de Género solicitó prisión provisional basándose en la propia llamada de Nabil a la policía tras cometer el crimen y en su reconocimiento de los hechos. La jueza aceptó la petición sin dudarlo y decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Entre los argumentos recogidos en el auto figuran la gravedad de los hechos, que podrían calificarse como asesinato con penas de entre 15 y 25 años, y el riesgo de fuga dado que el detenido es de nacionalidad extranjera. El Gobierno de Cantabria ha anunciado que se personará en la causa como acusación popular.
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