La Comunidad de Madrid ha aprobado un régimen extraordinario que permite retirar árboles y vegetación quemados por los incendios que arrasaron la Sierra Oeste y Lozoyuela el pasado mes de julio, con el objetivo de evitar que las zonas devastadas por el fuego sufran ahora el ataque de insectos y enfermedades forestales.
La resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y autoriza la corta, el desbroce sanitario y la extracción de madera quemada en montes privados y terrenos públicos no gestionados directamente por la Administración regional dentro del perímetro de ambos incendios, que juntos calcinaron cerca de 34.000 hectáreas.
La principal preocupación de las autoridades es la proliferación de insectos perforadores, especialmente los llamados escolítidos, que suelen instalarse en el arbolado debilitado por el fuego. Si no se actúa a tiempo, estos insectos podrían extender los daños a zonas forestales que el fuego no llegó a tocar, sobre todo en las masas de pinar.
La medida elimina la obligación de pedir autorizaciones individuales para cada actuación, aunque los propietarios o empresas que quieran iniciar los trabajos deberán comunicarlo a la Comunidad de Madrid con al menos diez días hábiles de antelación.
Los trabajos deberán seguir una serie de condiciones técnicas. Entre ellas, se establece la retirada prioritaria de coníferas quemadas, la prohibición de arrancar cepellones para no perjudicar el rebrote de frondosas y la obligación de usar parte de la madera de menor tamaño para construir fajinas en las laderas más inclinadas, una técnica que ayuda a frenar la erosión del suelo tras el incendio.
También se restringe el uso de maquinaria pesada cerca de cauces fluviales y se fijan plazos máximos para retirar la madera una vez cortada, con el fin de evitar que se convierta en un foco de plagas.
La Comunidad ha subrayado que estas actuaciones tienen un carácter exclusivamente fitosanitario y de restauración ambiental, y que en ningún caso suponen un cambio en el uso forestal de los terrenos afectados. Los montes seguirán siendo montes.
La autorización estará vigente hasta el 30 de abril de 2027 para las masas de coníferas y hasta finales de 2027 para el resto de vegetación. Quedan fuera de este régimen especial el suelo urbano y los montes de utilidad pública gestionados directamente por la Administración.
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