El Grupo Municipal AIKE ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central del Ministerio de Hacienda para paralizar la licitación de las obras del eje Cardenal González de Mendoza, un proyecto que supera los 10 millones de euros y que, según la formación, implica la tala de 121 árboles en pleno corazón de Guadalajara.
La agrupación asegura haber detectado deficiencias técnicas en el expediente y reclama que se incorporen los informes medioambientales que, a su juicio, son imprescindibles antes de que las obras puedan seguir adelante.
Más allá de los aspectos formales del recurso, AIKE advierte de que el proyecto podría entrar en contradicción con los propios planes del Ayuntamiento en materia de infraestructura verde, arbolado urbano, movilidad sostenible y reforma del casco antiguo. Una paradoja que la formación no está dispuesta a pasar por alto.
El concejal Jorge Riendas ha sido especialmente crítico con el uso de fondos europeos para financiar esta actuación. Riendas considera que ese dinero público no puede destinarse a un proyecto que, lejos de mejorar el entorno, supondría una pérdida neta de arbolado consolidado en la ciudad.
Precisamente ahí radica uno de los argumentos centrales de AIKE: resulta difícil de sostener que demoler árboles existentes pueda calificarse como una acción de renaturalización, término con el que se ha presentado el proyecto en algunos foros.
Mientras se tramita el recurso administrativo, el grupo ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en Change.org bajo el lema GuadalajaraSePlanta, con la que busca sumar apoyos ciudadanos a su posición y presionar para que el proyecto sea revisado o reorientado en profundidad.
La polémica en torno al eje Cardenal González de Mendoza lleva semanas calentando el debate municipal en Guadalajara. La iniciativa enfrenta a quienes defienden la renovación urbana de este corredor con quienes consideran que el arbolado existente debe preservarse a toda costa, especialmente en un contexto de creciente preocupación por las olas de calor y la falta de zonas verdes en el centro de la ciudad.
El Tribunal Administrativo Central deberá ahora pronunciarse sobre la admisión del recurso, lo que podría suponer un freno temporal a la licitación y abrir un nuevo capítulo en este enfrentamiento político y vecinal.
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