Con motivo del Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, el sindicato CSIF ha lanzado un duro diagnóstico sobre las condiciones en las que trabajan los bomberos y bomberas forestales de Castilla-La Mancha, dependientes de la empresa pública Geacam. El balance no deja lugar a dudas: medios insuficientes, temporalidad laboral disparada e instalaciones que en muchos casos no reúnen las condiciones mínimas.
La denuncia llega semanas después del peor incendio registrado en la historia de la región, el de La Mierla, en la provincia de Guadalajara, que arrasó más de 32.000 hectáreas este verano y puso en evidencia las carencias del dispositivo de extinción.
Uno de los puntos más criticados por el sindicato es la duración de la campaña de extinción, fijada actualmente en apenas 103 días. CSIF la considera claramente insuficiente y exige ampliarla a seis meses completos, del 1 de mayo al 31 de octubre, argumentando que el riesgo de incendio no entiende de calendarios administrativos. Además, advierte de que ni siquiera durante esos 103 días están disponibles todos los efectivos, ya que la activación fue escalonada al inicio y la desactivación en septiembre seguirá el mismo patrón, pese a que el riesgo seguirá siendo alto o muy alto.
La falta de personal es otro frente abierto. Según el sindicato, algunas unidades operan con dotaciones mínimas y las bolsas de empleo no dan abasto para cubrir todos los turnos. La situación se vuelve especialmente crítica cuando se producen varios incendios a la vez.
A esto se añade que determinados trabajadores están asignados a bases alejadas de sus zonas habituales de intervención, lo que puede suponer desplazamientos de más de una hora hasta el lugar de la emergencia, un tiempo que en un incendio forestal puede ser determinante.
En cuanto a la estabilidad laboral, los datos resultan preocupantes. Aproximadamente el 30 por ciento de la plantilla tiene contratos fijos discontinuos de cuatro meses o contratos de interinidad. De los 2.200 trabajadores totales, solo 1.500 trabajan durante todo el año. El resto queda fuera del servicio en los meses de menor actividad oficial, aunque el riesgo no desaparezca.
Por último, el sindicato denuncia el estado de varias instalaciones: bases pendientes de reforma, obras paralizadas y puestos de vigilancia que carecen de electricidad, aseos o taquillas básicas.
CSIF llama a las administraciones a actuar con urgencia y proporcionalidad ante una amenaza que, como ha demostrado este verano en Guadalajara, puede tener consecuencias devastadoras.
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