El vuelo de las 8:25 horas que une Menorca con Palma de Mallorca volvió a quedar en tierra este lunes, segundo día consecutivo en que la compañía Air Nostrum suspende esta conexión alegando problemas técnicos. La coincidencia exacta de día, hora y excusa ha encendido los ánimos de los pasajeros afectados y ha provocado la reacción pública del diputado autonómico Josep Castells, de Més per Menorca.
Castells no tardó en manifestarse a través de su cuenta en la red social X, donde cargó duramente contra la aerolínea. «Horas y horas perdidas abusando de la necesidad de volar; los menorquines estamos sometidos a especuladores de todo tipo», escribió el parlamentario, que calificó de «curioso» que los supuestos problemas técnicos se repitan con tanta precisión el mismo día de la semana y a la misma hora.
La cuenta oficial de Iberia respondió al mensaje comprometiéndose a trasladar la queja internamente, una contestación que no ha satisfecho a los afectados por la cancelación.
Las consecuencias de estas suspensiones van mucho más allá del simple retraso. Las conexiones interinsulares son imprescindibles para muchos menorquines que viajan a Palma por motivos de salud o trabajo. Perder un vuelo significa, en muchos casos, perder una cita médica o llegar tarde a compromisos laborales hasta que sale el siguiente avión disponible.
Estas rutas están amparadas por una Obligación de Servicio Público que limita las cancelaciones imputables a la aerolínea a un máximo del 2 por ciento de los vuelos programados por temporada IATA, salvo causa de fuerza mayor. Sin embargo, los datos más recientes publicados por la Dirección General de Aviación Civil situaron ese porcentaje en el 2,5 por ciento, superando el umbral permitido.
No es la primera vez que las cancelaciones en esta ruta generan alarma social en la isla. La conectividad aérea interislar es, para Menorca, una necesidad básica que muchos ciudadanos sienten que no está siendo garantizada con la seriedad que merece.
La situación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la calidad del servicio en las rutas reguladas, y sobre si las sanciones y controles existentes son suficientes para proteger a los viajeros de una isla que depende del avión como otros dependen del autobús.
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