Una vecina fue quien dio la voz de alarma al detectar obras en la fachada del Monasterio de Santa Clara, en la avenida Pérez Galdós, un edificio protegido como Bien de Relevancia Local (BRL) en el que se han instalado carpintería metálica y persianas modernas sin que conste licencia de obras ni autorización patrimonial alguna.
El Grupo Municipal Socialista ha denunciado públicamente la intervención y ha exigido al concejal de Urbanismo, Juan Giner, que actúe de forma urgente para esclarecer cómo ha sido posible llevar a cabo esta actuación en un inmueble incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia.
La concejala Maite Ibáñez ha sido la portavoz de la denuncia y no ha escatimado en críticas hacia el equipo de gobierno. Según sus palabras, en la primera planta del edificio «se han sustituido las ventanas originales por un pegote de carpintería metálica y persianas modernas que alteran completamente la composición de esa fachada», sin que haya habido ningún control patrimonial por parte del Ayuntamiento.
El convento e iglesia de las Capuchinas de Santa Clara data de 1911 y es considerado un ejemplo del historicismo modernista de carácter medievalista. Su fachada combina muros de mampostería con fábrica de ladrillo en bandas, elementos que forman parte de la singularidad arquitectónica del inmueble y que ahora quedan en entredicho.
Los socialistas subrayan que la normativa municipal es clara: las intervenciones en Bienes de Relevancia Local no pueden tramitarse mediante declaraciones responsables, sino que requieren licencia de obras. Además, la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano establece obligaciones específicas para este tipo de actuaciones, que tampoco habrían sido respetadas.
El PSPV-PSOE ha pedido al Ayuntamiento que facilite el proyecto detallado de la intervención y las condiciones previstas para adaptar estéticamente los nuevos elementos al diseño original de la fachada.
Fuentes municipales han respondido que se procederá a inspeccionar lo denunciado y se «actuará en consecuencia», una respuesta que los socialistas consideran insuficiente ante lo que califican como «un ataque a nuestro patrimonio».
Ibáñez ha concluido que la alcaldesa María José Catalá «tiene la responsabilidad de velar por nuestro patrimonio y actuar ahora para resolver urgentemente esta situación», recordando que mirar hacia otro lado ante la alteración de un BRL no es una opción admisible.
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