La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha confirmado que el Servicio Extremeño de Salud abrirá un expediente sancionador a la empresa concesionaria del transporte sanitario terrestre en la provincia, Ambuvital, después de que sus vehículos estuvieran circulando y atendiendo pacientes durante meses sin contar con las tarjetas de visado en vigor.
La situación se prolongó desde el mes de junio hasta el pasado 4 de septiembre, fecha en la que la empresa obtuvo por fin la resolución favorable a la renovación de su documentación. Durante ese tiempo, las ambulancias de la concesionaria trasladaron pacientes sin tener los permisos administrativos en regla, lo que puso en cuestión incluso la cobertura de los seguros de los vehículos.
Según explicó la consejera, el nuevo contrato de transporte sanitario terrestre entró en vigor en mayo, momento en el que toda la documentación fue revisada y estaba correcta. Fue en junio cuando la empresa presentó la solicitud de renovación de la tarjeta de visado, abonando las tasas correspondientes dentro de lo que se considera un trámite habitual.
Sin embargo, a partir de ese momento la empresa tuvo que atender varios requerimientos de subsanación por parte de la Consejería de Transportes, lo que retrasó la resolución del expediente durante prácticamente todo el verano.
García Espada fue clara al respecto: aunque a día de hoy la renovación está resuelta de forma favorable, los meses transcurridos sin la documentación en regla obligan a la administración a actuar. «Estamos preparando el expediente sancionador y, por supuesto, la empresa tiene que hacer frente a él», subrayó la consejera.
La noticia saltó a la opinión pública tras revelarse que durante los meses de verano, uno de los periodos con mayor demanda de transporte sanitario, los vehículos de Ambuvital operaron sin la autorización obligatoria, generando incertidumbre sobre las garantías reales con las que se estaba prestando el servicio a los ciudadanos.
La situación ha encendido las alarmas sobre los controles que la administración ejerce sobre las empresas concesionarias de servicios esenciales, especialmente en un ámbito tan sensible como el sanitario, donde cualquier irregularidad puede tener consecuencias directas para los pacientes.
El expediente sancionador está en fase de preparación y su resolución determinará las penalizaciones económicas que deberá asumir la empresa.
