La CiberComandancia de la Guardia Civil ha desarticulado una trama de extorsión y amenazas a través de WhatsApp que obligó a un vecino de Salamanca a entregar más de 1.000 euros ante el miedo a perder la vida, la suya y la de sus familiares.
Todo comenzó aproximadamente un mes y medio antes de que llegaran las amenazas. La víctima se encontraba con un grupo de amigos cuando estos, usando su teléfono, contactaron con varias mujeres para contratar sus servicios. Al no querer seguir adelante, el hombre bloqueó los números implicados y creyó que el asunto había quedado olvidado.
Sin embargo, tiempo después empezaron a llegarle mensajes desde un número desconocido a través de una aplicación de mensajería instantánea. El contenido era claro y brutal: le exigían dinero y amenazaban con matarle a él y a sus seres queridos.
Para intensificar el miedo, el autor de los mensajes enviaba periódicamente imágenes de violencia extrema. Cuando la víctima intentaba cortar el contacto bloqueando el número, el extorsionador continuaba desde otras líneas telefónicas, haciendo imposible escapar del acoso.
Ante la presión y el terror acumulado, el afectado realizó varias transferencias bancarias que en total superaron los 1.000 euros. Aun así, las exigencias no cesaron. Fue entonces cuando decidió denunciar los hechos a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.
La denuncia llegó a la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias y desde allí fue derivada al Equipo @ de la CiberComandancia, con base en León. Los agentes analizaron en detalle las comunicaciones recibidas por la víctima, los distintos números de teléfono empleados por el presunto autor y los movimientos económicos vinculados al caso.
El cruce de toda esa información permitió reconstruir el método utilizado para extorsionar a la víctima e identificar al presunto responsable del delito de estafa mediante amenazas y extorsión.
Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente en la ciudad de León, que será la encargada de determinar las responsabilidades penales del investigado.
El caso pone de relieve la eficacia de los canales electrónicos de denuncia y el trabajo especializado de las unidades de cibercrimen, capaces de rastrear este tipo de delitos digitales aunque los autores intenten dificultar su localización cambiando constantemente de número de teléfono.
