La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en un chalet-club del municipio madrileño de Móstoles. La operación se ha saldado con 16 detenidos y la liberación de una de las víctimas.
Al frente de toda la estructura se encontraban cuatro mujeres pertenecientes a la misma familia, quienes controlaban cada aspecto del negocio ilegal: decidían qué víctimas ocupaban cada plaza, imponían normas abusivas y se valían de engaños para que las mujeres aceptaran las condiciones de trabajo.
La organización funcionaba con una jerarquía bien definida. Las cuatro cabecillas daban órdenes a una mano derecha, tres prostitutas de confianza encargadas de la vigilancia interna, dos hombres responsables de la seguridad y las cámaras, y hasta cinco testaferros cuya misión era ocultar el dinero generado mediante pagos en efectivo o a través de plataformas digitales.
Las víctimas, cerca de una veintena, vivían hacinadas en el sótano del inmueble bajo control permanente. No podían elegir a sus clientes, debían estar disponibles las veinticuatro horas del día y además afrontar gastos impuestos por la organización, como veinte euros semanales en concepto de limpieza. Se les exigía también ofrecer o consumir sustancias estupefacientes para incrementar los beneficios del negocio.
Tres hombres, parejas de otras tantas cabecillas, se ocupaban de trasladar a las mujeres cuando algún cliente solicitaba un servicio a domicilio, ampliando así el control de la red más allá del propio chalet.
Durante el registro del inmueble, los agentes intervinieron cuatro teléfonos móviles utilizados para gestionar citas y enviar dinero, más de ochocientos euros en efectivo y varias sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y metanfetamina en cristal.
Los 16 detenidos han quedado a disposición judicial acusados de pertenencia a organización criminal, delitos relativos a la prostitución, delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales.
Este caso pone de relieve una vez más la sofisticación con la que operan estas redes en la región, capaces de camuflar bajo la apariencia de un club la explotación sistemática de personas en situación de extrema vulnerabilidad.
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