El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ciutadella aprobó el lunes de forma provisional la nueva ordenanza que regula la tasa de residuos, una reforma que encarecerá el recibo para la mayoría de los vecinos y que ha generado un fuerte debate entre el equipo de gobierno y la oposición por la supresión de las bonificaciones ambientales.
La nueva tasa ha salido adelante con la abstención del Partido Popular y el voto en contra de la concejal no adscrita Maite de Medrano. La ordenanza quedará ahora en exposición pública durante un mes antes de su aprobación definitiva.
El concejal de Medio Ambiente, Pere Fiol, explicó que la reforma responde a una obligación legal: el ayuntamiento debe repercutir el coste real del servicio en el ciudadano. Con las nuevas tarifas, el municipio recaudará 4.090.316 euros, prácticamente lo mismo que cuesta la recogida de basuras, fijada en 4.089.968 euros.
Solo las viviendas de hasta 61 metros cuadrados mantendrán el recibo actual de 75,95 euros al año. El resto verá subidas notables: un 36 por ciento para los pisos de entre 61 y 90 metros, un 45,6 por ciento para los de 90 a 100 metros, y hasta un 62 por ciento para las viviendas de entre 130 y 170 metros.
El cálculo de la tasa combina los metros cuadrados del inmueble y su valor catastral con el número de personas empadronadas. Desde el PP, la portavoz Juana Mari Pons señaló que este criterio crea desigualdades, ya que una casa no genera residuos por sí sola, sino sus habitantes. Los populares también lamentaron que el tripartito haya eliminado las bonificaciones ambientales previstas en el borrador anterior, que incluían descuentos por autocompostaje, por vivir cerca de contenedores o por adherirse al programa de separación en origen.
Fiol defendió la decisión argumentando que esas bonificaciones, aunque bien intencionadas, generaban problemas administrativos difíciles de gestionar. En su lugar, la nueva ordenanza introduce incentivos para que empresas y comercios mejoren la separación de residuos en origen, un enfoque que el edil calificó de innovador.
De Medrano, por su parte, tachó la medida de puramente recaudatoria y alertó del impacto económico que supondrá para muchas familias.
La ordenanza entra ahora en el periodo de alegaciones ciudadanas antes de que el pleno la ratifique de forma definitiva.
