El Consell de Menorca libra una batalla desigual contra el alquiler vacacional ilegal. Mientras los inspectores turísticos trabajan sobre el terreno y acumulan casos, solo una persona en toda la institución tiene capacidad legal para tramitar los expedientes sancionadores que deben derivarse de esas investigaciones.
Esa es la realidad que revelan las respuestas escritas del departamento de Ordenación Turística a preguntas formuladas por Més per Menorca sobre el funcionamiento del Servicio de Inspección.
El desequilibrio es llamativo. El Consell cuenta con nueve plazas estructurales de inspector turístico, más otras cuatro financiadas a través del Impuesto de Turismo Sostenible, la ecotasa, aunque estas últimas aún están por cubrir. Frente a ese equipo de campo, un único funcionario asume la instrucción jurídica de todos los expedientes: las alegaciones, los recursos, la propuesta de resolución y el resto de trámites administrativos que convierten una denuncia en una sanción efectiva.
Los números dejan al descubierto el cuello de botella. En 2025 se abrieron 151 casos, pero solo 30 llegaron a convertirse en expedientes sancionadores. El resto quedó en investigación o fue archivado, aunque la consellera Núria Torrent defiende que los archivos no guardan relación con la falta de personal instructor.
Torrent señala además que esta situación no es nueva: se remonta a finales de los años 90, cuando el Govern balear traspasó las competencias de ordenación turística al Consell. «Nunca ha prescrito un expediente por falta de instructor», afirma la consellera, restando gravedad a un problema que, sin embargo, limita visiblemente la capacidad sancionadora de la institución.
El equipo de gobierno ha creado una nueva plaza de asesor jurídico que también podrá asumir funciones de instructor, aunque todavía está pendiente de cubrirse. En paralelo, los cuatro puestos de inspector financiados con la ecotasa ya superaron las pruebas de selección y publicaron el orden definitivo de la bolsa de trabajo, aunque siguen sin incorporarse.
Mientras tanto, el problema del cobro de las sanciones ya impuestas añade otra capa de preocupación. En 2025 se impusieron multas por cerca de 900.000 euros, pero solo se recaudaron algo más de 200.000, lo que supone una tasa de cobro inferior al 25 por ciento.
Con la temporada alta todavía activa, Menorca sigue enfrentando la presión de la oferta vacacional irregular con una maquinaria administrativa que, pese a los esfuerzos declarados, avanza con los recursos justos.
