Los trabajos de refuerzo estructural del inmueble número 8 de la calle Santa Clara han comenzado por el interior del supermercado situado en la planta baja, aunque los vecinos afectados aseguran que nadie del Ayuntamiento se ha puesto en contacto con ellos desde que fueron obligados a abandonar sus hogares hace casi una semana.
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, confirmó que la empresa propietaria del edificio, Global Cuena, ha iniciado el apuntalamiento de la estructura tal y como le exigió el Consistorio para garantizar la seguridad del inmueble. Sin embargo, la versión oficial choca de frente con el testimonio de los propios afectados.
Uno de los vecinos, que prefiere mantenerse en el anonimato, relata que se enteraron del desalojo a través de la prensa. Cuenta que una de las residentes llamó a la alcaldesa y que todos estuvieron en esa conversación, pero que desde entonces no ha habido más contacto ni con la regidora ni con ningún técnico o representante municipal. El domingo que debían abandonar el piso a la una de la tarde, tampoco apareció nadie del Ayuntamiento. «Se han lavado las manos», lamenta.
Las tres familias afectadas son un matrimonio que también regenta una peluquería en el propio edificio, una pareja joven junto a la madre de uno de ellos, y dos hermanas. Todas cumplieron el plazo de 48 horas que fijó el Consistorio para desocupar el inmueble de forma preventiva.
Quien sí ha mantenido contacto con los vecinos es la empresa propietaria, que les ha informado de que los trabajos de apuntalamiento podrían prolongarse durante un mes y que necesitarán acceder a las viviendas desde el interior para realizar parte de las obras.
Los afectados no entienden que el edificio esté en situación de peligro y, al mismo tiempo, continúen las reformas en su interior. La compañía adquirió el inmueble al completo y comenzó una reforma para convertirlo en apartamentos. Las demoliciones de tabiquería realizadas pusieron de manifiesto que la estructura no podía garantizar la seguridad en su estado actual, según explicó el propio Ayuntamiento.
No es la primera vez que estos vecinos viven una situación de incertidumbre. Hace dos años ya denunciaron públicamente que la nueva propiedad pretendía echarlos para destinar el edificio a uso vacacional o turístico. La empresa lo negó en su momento mediante una carta. Ahora, con el desalojo en marcha, algunos de ellos vuelven a apuntar que todo responde a intereses que van más allá de la seguridad estructural.
El Ayuntamiento aseguró la semana pasada que pondría a disposición de las familias los servicios sociales municipales. De momento, los vecinos esperan noticias.
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