El Ayuntamiento de Ciutadella ha decidido suspender el proceso de negociación de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) después de comprobar que los costes salariales crecerán más de un 20 por ciento entre 2026 y 2027, lo que supone un aumento de casi 2,4 millones de euros en apenas dos ejercicios.
El consistorio presupuestó inicialmente 11,6 millones de euros para gastos de personal en 2026. Sin embargo, la suma de varios factores ha cambiado radicalmente ese escenario: los incrementos retributivos fijados por el Estado, la aplicación de la indemnización por residencia conocida como «plus canario» y la puesta en marcha de un nuevo tramo de carrera profesional han elevado esa cifra hasta los 12,4 millones ya este año. Para 2027, la previsión escala hasta los casi 14 millones, y eso sin contar el impacto adicional de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Ante esta situación, el área de Recursos Humanos, liderada por la concejal Sandra Moll, trasladó una carta a toda la plantilla explicando los motivos de la pausa y comprometiéndose a retomar las conversaciones en cuanto se disponga de una base técnica más sólida.
El equipo de gobierno subraya que los propios servicios jurídicos, económicos y la Intervención municipal ya advirtieron durante las negociaciones de la necesidad de garantizar la proporcionalidad y la sostenibilidad de cualquier acuerdo. En ese contexto, el ayuntamiento considera que sería «irresponsable» seguir adelante con la propuesta sobre la mesa y anuncia que recurrirá a apoyo externo especializado para una revisión técnica independiente.
La decisión no ha sentado bien a los trabajadores municipales. La sección sindical de CCOO en el consistorio ha criticado públicamente la suspensión y reclama que se retomen los contactos con transparencia y voluntad real de llegar a un acuerdo.
El gobierno local reconoce la «decepción» que genera esta paralización, pero defiende que el objetivo final sigue siendo el mismo: lograr una RPT que sea justa para los empleados y, al mismo tiempo, legal, proporcionada y económicamente viable para las arcas municipales.
La negociación, por tanto, queda en pausa a la espera de ese informe externo que permita reorientar las conversaciones sobre un terreno más seguro para todas las partes.
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