La comunidad okupa del complejo Ses Canaletes, en Son Parc, municipio de Es Mercadal, vive sus semanas más inciertas. Los plazos para abandonar las viviendas empiezan a vencer en octubre y cerca de un centenar de personas no saben todavía adónde van a ir.
La nueva propietaria de los inmuebles, la sociedad limitada madrileña Tulasa ITG, lleva meses enviando notificaciones de desahucio a los residentes. Algunos han optado por marcharse por su cuenta, incluso fuera de la isla. Otros, sin embargo, se han organizado y han llamado a la puerta del Ayuntamiento de Es Mercadal en busca de una solución.
La petición de los afectados es concreta: que el consistorio actúe como intermediario con la empresa compradora para ganar tiempo y encontrar una salida digna. El problema es que, hasta ahora, todos los intentos del Ayuntamiento por contactar con Tulasa ITG han resultado infructuosos.
El alcalde de Es Mercadal, Joan Palliser, lleva tiempo advirtiendo de que esta situación desborda con creces los recursos municipales. El piso de emergencia habitacional del municipio ya está ocupado y cuenta además con lista de espera. No hay margen para absorber nuevas necesidades a corto plazo.
Una de las salidas que el propio alcalde ha puesto sobre la mesa es que la empresa permita a los residentes quedarse en las viviendas mientras termina de definir qué hará con el complejo. Una prórroga que, al menos, daría algo de oxígeno a las familias afectadas.
El Ayuntamiento también se ha reunido con el Instituto Balear de la Vivienda para trasladar la gravedad del asunto, dejando claro que este problema no puede resolverse solo desde lo local. La situación, según Palliser, requiere una respuesta de escala insular.
El contexto no ayuda. La crisis de acceso a la vivienda en Menorca lleva años agravándose. Los últimos datos del Ibavi apuntaban a casi 1.200 unidades familiares en lista de espera para acceder a una vivienda de protección oficial, una cifra que refleja hasta qué punto el mercado habitacional de la isla está al límite.
Con octubre a la vuelta de la esquina, el reloj corre para decenas de familias que, en muchos casos, llevan años viviendo en Son Parc y que ahora se asoman a un vacío del que ninguna administración parece tener aún la llave.
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