El Partido Popular de Menorca ha denunciado que los dos municipios más poblados de la isla, Ciutadella y Maó, están frenando la aplicación de una medida del Govern balear que facilita la conversión de locales comerciales en desuso en viviendas de precio limitado.
La herramienta, aprobada inicialmente como decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y posteriormente convertida en ley, permite flexibilizar determinados parámetros urbanísticos para dar una segunda vida a locales vacíos, siempre que las viviendas resultantes queden reservadas a residentes y bajo la figura de precio limitado.
Hasta ahora, la medida ha permitido transformar 21 locales en viviendas en toda Menorca. Sin embargo, los expedientes tramitados se concentran únicamente en tres municipios: Es Castell, con ocho casos; Alaior, con siete; y Sant Lluís, con seis. Ni Ciutadella ni Maó figuran entre ellos.
El presidente del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, ha señalado que Ciutadella bloquea directamente la aplicación de esta fórmula, mientras que Maó la restringe de manera significativa. Para Marqués, la situación responde a «partidismo político» y lamenta que la vivienda quede supeditada a intereses de siglas.
«Si existe una herramienta que permite generar nuevas viviendas y dar una segunda oportunidad a locales vacíos, las administraciones deberían facilitar que pueda desarrollarse», ha subrayado el dirigente popular, quien considera que el acceso a la vivienda debería situarse por encima de cualquier confrontación política.
Cabe recordar que la conversión de locales en viviendas ya estaba contemplada en la normativa urbanística anterior, aunque con condiciones bastante más restrictivas que las que ahora establece el Govern.
Además de la crítica a los ayuntamientos, el PP ha aprovechado la ocasión para destacar el avance de las promociones de vivienda pública que tramita el Instituto Balear de la Vivienda en Menorca. Según Marqués, estas actuaciones permitirán crear 250 nuevas viviendas públicas en la isla, lo que elevaría el parque público de las actuales 333 a un total de 589, un incremento cercano al 75 por ciento.
La polémica llega en un momento en que la falta de vivienda asequible sigue siendo uno de los principales problemas que enfrentan los residentes de Menorca, especialmente los jóvenes y las familias con rentas medias y bajas.
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