Más Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigue las modificaciones en las listas de espera del Hospital Universitario Ramón y Cajal. El partido apunta a posibles delitos de prevaricación y falsedad documental.
Según el escrito, 57 pacientes clasificados como prioritarios por sus cirujanos, con derecho a ser operados en un máximo de 90 días, pasaron a prioridad normal, que amplía ese plazo hasta los 180 días. El cambio se ejecutó sin evaluar clínicamente a cada paciente y al margen de los cirujanos que habían determinado cada caso.
Apoyándose en la información publicada por El País, el escrito identifica al director médico del hospital y al jefe de Traumatología y Cirugía Ortopédica como los responsables de esa rebaja de prioridad. Según Más Madrid, el cambio se habría adoptado para evitar que el centro superara los plazos de intervención preferente, sin que mediara criterio clínico.
Para fundamentar la prevaricación, Más Madrid argumenta que cambiar la prioridad de los pacientes sin criterio médico y con el fin de ocultar el incumplimiento de plazos configura los elementos de arbitrariedad propios de ese delito. Respecto a la falsedad documental, el escrito sostiene que alterar la prioridad asistencial habría conllevado modificaciones en los datos del Registro de Demanda Quirúrgica y en otros archivos del hospital.
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha declarado que «el cambio de prioridad de 57 pacientes sin evaluación clínica y sin el conocimiento de los médicos que prescribieron las operaciones en primer lugar es un hecho muy grave, pero lo peor es que el sistema está completamente podrido». Bergerot también ha acusado a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y a la presidenta regional de haberse «dedicado a difamar al denunciante» para que «nadie más alce la voz ante irregularidades flagrantes».
La denuncia recoge también manifestaciones públicas de Matute, quien acusó al facultativo que destapó la irregularidad de haber «manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos». La consejera lo señaló como «uno de los responsables de la lista de espera» y vinculó su conducta con expedientes disciplinarios, aunque admitió que esas diligencias «todavía están en curso» y que no podía «ampliar la información» hasta que concluyan.
Para Más Madrid, la existencia de dos versiones opuestas sobre quién ordenó los cambios justifica que sea la Fiscalía quien investigue de forma independiente. El partido añade que Matute pudo incurrir en un delito de revelación de secretos al divulgar en rueda de prensa datos del expediente disciplinario del médico denunciante.
La Fiscalía deberá decidir si admite la denuncia y abre diligencias de investigación.
Con información de Europa Press Madrid.
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