La Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a cinco años y diez meses de cárcel a cada uno de los dos hombres que gestionaban un taller clandestino de armas en una nave industrial de Hellín. La Sección Segunda del tribunal considera probado que fabricaban, modificaban y comercializaban armas y munición sin contar con las autorizaciones necesarias.
Además de la pena de prisión, la sentencia les prohíbe tener o portar armas durante ocho años y diez meses. La magistrada ponente es María Rosario Sánchez Chacón, presidenta de la Sección, y la resolución está fechada el 21 de julio de 2026.
Durante el registro de la nave, la Guardia Civil intervino 92 armas largas, entre ellas 81 rifles, ocho escopetas y tres carabinas, junto a 11 armas cortas, algunas incompletas. También se encontraron unos 35 kilos de pólvora, 200 detonadores, más de 4.700 cartuchos metálicos, casi 1.800 vainas cebadas y más de 21.000 pistones. La nave contenía además 13 piezas de silenciadores, decenas de cañones y una ametralladora pesada inutilizable. En el domicilio de uno de los acusados se localizaron armas y material adicional.
Según la sentencia, los dos condenados habían constituido una sociedad para actividades relacionadas con la compraventa y fabricación de armas, pese a carecer de licencia como armeros o corredores. Uno se ocupaba del trabajo físico en la nave, fabricando cañones artesanales y manipulando mecanismos, mientras que el otro dirigía las operaciones, buscaba clientes y gestionaba la importación y exportación de material desde otros países europeos.
La resolución señala también que en la nave se hallaron punzones con marcas que imitaban a los bancos oficiales de pruebas de armas de Londres, Birmingham y Éibar, lo que permitía dar apariencia reglamentaria a piezas y armas que no habían pasado los controles legales. La maquinaria encontrada incluía un torno, una fresadora, una soldadora y otros equipos industriales.
La Audiencia concluye que la cantidad de armas y munición intervenida superaba con amplitud los límites fijados por la normativa vigente, incluso para titulares de las licencias correspondientes.
La sentencia pone fin a un proceso judicial que se prolongó durante más de trece años.
Con información de El Digital de Albacete.
