Los Juzgados de Burgos acogieron este martes la primera sesión del juicio contra el hombre señalado como responsable del que se conoce popularmente como el ‘criadero de los horrores’ de Melgar de Fernamental, una causa que ha tardado años en llegar a los tribunales y que ha conmocionado a la provincia desde que salió a la luz.
En la sala testificaron agentes del Seprona de la Guardia Civil, veterinarios y miembros del Servicio de Sanidad y Agricultura de la Junta de Castilla y León, además de representantes de asociaciones animalistas. Todos ellos coincidieron en describir las condiciones como «pésimas» y en señalar la clara desatención hacia los animales que se encontraban en las instalaciones de esta localidad de la comarca de Odra-Pisuerga.
Los agentes relataron que acudieron al recinto en varias ocasiones entre finales de 2019 y principios de 2020, cuando las instalaciones fueron clausuradas definitivamente. Durante los registros realizados en un piso y una finca vinculados al caso, se hallaron numerosos cadáveres de perros, algunos de ellos almacenados incluso en un congelador.
El acusado, identificado como David D.O.U., lleva años en el punto de mira de la justicia. Huyó de España en 2020 y permaneció en Venezuela hasta que fue extraditado el pasado mes de febrero, lo que permitió finalmente sentar al principal investigado en el banquillo.
Los cargos que se le imputan son maltrato animal y alzamiento de bienes. Según la acusación, el procesado habría puesto a su nombre el criadero y otras propiedades a nombre de familiares con el presunto objetivo de esquivar las responsabilidades legales y económicas derivadas del caso.
La vista oral continuará el próximo viernes a partir de las 10:30 horas, cuando está previsto que declaren el resto de testigos citados y el propio acusado, cuyo testimonio será uno de los momentos más esperados por las partes y por quienes han seguido de cerca este proceso durante años.
El caso de Melgar de Fernamental marcó un antes y un después en el debate sobre la protección animal en Castilla y León, y su resolución judicial es ahora el último capítulo de una historia que muchos vecinos y defensores de los animales llevan esperando desde hace más de un lustro.
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