Vecinos y vecinas de Piedrahíta llevan meses conviviendo con una situación que genera una preocupación creciente: el agua que sale por sus grifos ha acumulado hasta diez calificaciones oficiales de «no apta para el consumo humano», una cifra que ha encendido todas las alarmas en este municipio abulense del Valle del Corneja.

La denuncia ha sido trasladada a las autoridades competentes por residentes que exigen respuestas claras y soluciones urgentes ante lo que consideran un problema de salud pública que no puede seguir dilatándose en el tiempo.
Estas calificaciones negativas sobre la calidad del agua suponen que el suministro no cumple en esos momentos con los parámetros mínimos exigidos por la normativa sanitaria vigente, lo que obliga a la población a recurrir a agua embotellada para beber y cocinar, asumiendo un gasto adicional que nadie debería tener que afrontar.
Los afectados señalan que las incidencias se han ido repitiendo de forma periódica sin que se haya ofrecido una solución definitiva. La sensación generalizada en el municipio es de abandono y de falta de transparencia por parte de las administraciones responsables de garantizar un suministro de agua en condiciones.
Desde el punto de vista legal, el acceso al agua potable de calidad es un derecho básico reconocido, y su incumplimiento reiterado puede derivar en responsabilidades para los organismos gestores del servicio.
La situación de Piedrahíta no es un caso aislado en el mundo rural español, donde los pequeños municipios se enfrentan con frecuencia a infraestructuras envejecidas y a la dificultad de mantener un control continuo sobre la calidad del agua. Sin embargo, la acumulación de diez alertas en un mismo municipio llama especialmente la atención.
Los vecinos piden que se acometan las obras necesarias para sanear definitivamente el sistema de abastecimiento y que, mientras tanto, se les informe con puntualidad de cada incidencia para poder tomar las precauciones oportunas.
La pelota está ahora en el tejado de las administraciones locales y autonómicas, que deberán dar explicaciones y, sobre todo, actuar con la rapidez que el problema exige. La salud de los habitantes de Piedrahíta no puede seguir esperando.
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