El polémico ático del Paseo General Martínez Campos ha dejado de ser solo un inmueble para convertirse en símbolo de todo lo que incomoda a los ciudadanos de la política española. El plazo para su venta ya cerró, pero la polémica sigue muy abierta.
El número 35 de esa céntrica calle madrileña se ha convertido, con ironía, en una improvisada atracción turística. No es raro ver a grupos de peatones detenerse frente al edificio y señalar hacia arriba, como si buscaran la respuesta a una pregunta que nadie en la Comunidad de Madrid ha sabido contestar del todo bien: ¿para qué se compró este lujoso piso?
Si fue pensado como residencia para la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la operación quedó marcada por la sospecha desde el primer momento. Si, en cambio, la idea era destinarlo a uso del equipo que trabaja con ella, la explicación resulta aún más difícil de sostener ante la ciudadanía.
La oposición no ha tardado en sacar partido del asunto, aunque tampoco ha sido del todo honesta en su denuncia. Porque lo cierto es que España lleva décadas aceptando sin mayor escándalo que numerosas comunidades autónomas cuenten con residencias oficiales para sus presidentes. El Palacio de San Telmo en Sevilla, la Casa dels Canonges en Barcelona o el Palacio de Ajuria Enea en Vitoria son ejemplos conocidos de ese modelo, costoso y simbólico a partes iguales.
El caso vasco resulta especialmente llamativo: al edificio de Ajuria Enea se suman la sede del Gobierno en el barrio de Lakua y la de la Lehendakaritza en la calle Navarra. Un despliegue institucional que contrasta con la sobriedad de Madrid, cuya única sede oficial sigue siendo la Casa de Correos, de uso exclusivamente administrativo.
La paradoja es que, a estas alturas, ningún presidente autonómico vive realmente en esas residencias históricas. Todos prefieren sus domicilios particulares. Madrid, en definitiva, intentó incorporarse tarde a un modelo que el resto ya había abandonado en la práctica, y lo hizo de la peor manera posible: en plena crisis de vivienda, cuando miles de jóvenes madrileños no pueden permitirse pagar un alquiler digno.
Esa es la verdadera herida que ha dejado abierta este affaire. No es solo una cuestión de ética política, sino de timing y de torpeza. En un momento en que la vivienda es el principal problema de muchas familias en Madrid, cualquier operación inmobiliaria ligada al poder se convierte, inevitablemente, en un escándalo.
Más noticias de Madrid
Madrid vuelve a rugir: la Fórmula 1 regresa a la capital 45 años después con 345.000 aficionados esperados este fin de semana
Madrid lanza un plan histórico de vivienda: más pisos para jóvenes, 450 millones para rehabilitar barrios y un mapa de casas vacías
Las escuelas infantiles de Madrid premiarán a las empresas que suban el sueldo a sus educadoras de 0 a 3 años