El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ratificó una sentencia que obliga al municipio de Colindres a indemnizar a una promotora inmobiliaria con más de 1,2 millones de euros, más intereses y costas, por no cumplir los compromisos adquiridos en un convenio urbanístico suscrito en 2008 y que afecta a la zona conocida como La Charca, situada junto a la propia Casa Consistorial.
El origen del conflicto se remonta a aquel acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y la empresa propietaria de una parcela colindante al edificio municipal. Tras años de litigios por la licencia para construir un bloque de 91 viviendas, ambas partes pactaron reducir el proyecto a 52 unidades con el objetivo de preservar la charca existente dentro del terreno.
A cambio, la promotora recibiría 1.500 unidades de aprovechamiento urbanístico en el primer cuatrienio del nuevo Plan General de Ordenación Urbana que estaba en tramitación. Si ese aprovechamiento no podía materializarse, el convenio contemplaba una compensación económica equivalente.
Una vez construidas las 52 viviendas y transcurrido el plazo acordado, la empresa consideró que el Ayuntamiento no había cumplido su parte del trato y presentó una demanda en 2022 reclamando 1,3 millones. El Consistorio intentó defenderse alegando que la promotora había superado la edificabilidad autorizada, lo que consumiría las unidades reconocidas. El juez rechazó este argumento al señalar que el propio Ayuntamiento había concedido la licencia de primera ocupación, documento que precisamente certifica que la obra ejecutada se ajusta al proyecto aprobado.
La sentencia, que adquirió firmeza hace casi un año, ha sido utilizada por el Partido Popular de Colindres para cargar contra la gestión del gobierno local. Los populares señalan que un nuevo Plan General, pendiente desde hace décadas, podría haber evitado esta situación. Recuerdan además que Colindres sigue rigiéndose por un plan urbanístico de 1964 y advierten de que la falta de músculo económico del municipio podría derivar en la intervención del Ministerio de Hacienda sobre las cuentas municipales.
El alcalde Javier Incera, del PSOE, ha salido al paso de estas críticas asegurando que la condena no responde a una mala gestión sino a la simple liquidación de un convenio ya pactado. Para hacer frente al pago, el Consistorio estudia solicitar un crédito al Ministerio o vender una parcela municipal situada en la calle Sol.
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