Las guardias del servicio de taxi en Vitoria-Gasteiz llevan días suspendidas tras un error cometido por el propio Ayuntamiento de la ciudad, una situación que ha desatado la indignación del sector y ha empujado a 65 codemandantes a recurrir el decreto municipal ante los tribunales.
El fallo, atribuido directamente a la administración local, ha provocado una interrupción en el sistema de guardias que regula la disponibilidad de los taxis fuera del horario habitual. Esto significa que los vecinos de Vitoria se han encontrado sin esta cobertura en los momentos en que más la necesitan, especialmente durante las noches y los fines de semana.
Los taxistas afectados no han tardado en reaccionar. Hasta 65 profesionales del sector se han unido como codemandantes para llevar el asunto a los tribunales, exigiendo que se revise y anule el decreto que, según denuncian, fue redactado o aplicado con errores por parte del consistorio.
La situación genera un doble perjuicio. Por un lado, los ciudadanos se quedan sin un servicio esencial en determinadas franjas horarias. Por otro, los taxistas ven afectada su actividad profesional y sus ingresos, sin que el error haya partido de ellos.
Desde el sector del taxi se critica que la administración no haya dado una respuesta ágil para corregir el problema y restablecer las guardias de forma inmediata, mientras el proceso judicial sigue su curso. La espera, dicen, la están pagando tanto los profesionales como los usuarios.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aún no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre en qué consistió exactamente el error ni qué pasos concretos se están dando para solucionarlo, lo que ha aumentado la sensación de desconcierto entre los afectados.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una mayor diligencia en la gestión de los decretos que afectan a servicios públicos básicos. En una ciudad como Vitoria, donde la movilidad es un asunto sensible, errores de este tipo no pueden quedarse sin una respuesta rápida y transparente por parte de quienes gobiernan.
Los tribunales tendrán ahora la última palabra sobre la validez del decreto y las responsabilidades que puedan derivarse de esta situación.
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