El inicio del nuevo curso escolar en Segovia llega cargado de incertidumbre para las familias del colegio público La Aneja. El centro comenzará las clases con obras en marcha en sus instalaciones, lo que ha encendido las alarmas entre los padres y madres, que reclaman respuestas claras sobre las condiciones en las que estudiarán sus hijos.
La vuelta al cole, que ya de por sí supone una fecha de nervios y emociones para niños y familias, se complica este año con la presencia de trabajos de construcción en el interior o en el entorno inmediato del colegio. Las familias afectadas no se oponen a que se mejoren las instalaciones, pero sí exigen que la convivencia entre los alumnos y las obras no ponga en riesgo la integridad física de nadie.
Desde las asociaciones de padres y madres han trasladado su malestar a la administración competente, reclamando información detallada sobre las medidas de seguridad previstas. Quieren saber qué zonas estarán valladas, cuáles serán los accesos habilitados para los niños y de qué forma se va a garantizar que el polvo, los materiales y la maquinaria no interfieran con la actividad educativa del día a día.
No es la primera vez que un centro escolar segoviano afronta el comienzo del año lectivo en plena reforma. Sin embargo, las familias de La Aneja subrayan que la falta de comunicación previa ha generado una desconfianza difícil de ignorar. Piden transparencia y reuniones con los responsables antes de que los niños crucen la puerta el primer día.
La administración, por su parte, no ha ofrecido todavía una respuesta pública detallada que despeje las dudas planteadas. Los plazos de las obras y el alcance de las mismas siguen sin estar claros para la comunidad educativa del centro.
Mientras tanto, los docentes del colegio tratan de preparar el arranque del curso con normalidad, aunque también reconocen que las circunstancias no son las ideales para recibir a los alumnos tras el verano.
Las familias confían en que, antes del primer timbre, lleguen las garantías que llevan semanas reclamando. La seguridad de los menores, insisten, no puede esperar ni negociarse.
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