El Ayuntamiento de Guadalajara ha salido a defender con firmeza la legalidad de la gasolinera proyectada junto al bloque de viviendas de las parcelas C1 y C2 de la SUE-30, en las proximidades del Puente Árabe, en medio de una polémica que ha cruzado acusaciones entre el equipo de gobierno y la oposición socialista.

El concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, aseguró que el consistorio ha actuado «conforme a la ley en todo momento» y que las licencias urbanísticas son actos administrativos reglados en los que «no cabe discrecionalidad alguna». Según explicó, el expediente cuenta con todos los informes jurídicos y técnicos necesarios para autorizar la instalación.
El origen de la controversia se remonta al Plan Especial de Reforma Interior de la SUE-30, aprobado en 2018 bajo el mandato de Antonio Román, que prohibía expresamente este tipo de instalaciones en esa zona. Sin embargo, un Real Decreto Ley del año 2000 permite construir gasolineras en suelos de uso terciario comercial, y una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 aclaró que esa posibilidad existe «con independencia de que haya centro comercial o no».
Esteban subrayó que la normativa urbanística municipal no ampara la gasolinera, pero que una norma de rango superior, interpretada por el alto tribunal, sí lo hace. Negar la licencia, advirtió, hubiera supuesto «una prevaricación de libro» y habría generado una responsabilidad patrimonial millonaria para el Ayuntamiento.
El concejal también lanzó un duro golpe a la oposición al revelar que fue el propio exalcalde Alberto Rojo quien firmó, el 5 de abril de 2023, la cédula urbanística que informaba favorablemente la instalación de una gasolinera en esas parcelas. «Conocían que se iba a ubicar este servicio», afirmó Esteban, quien llegó a pedir la dimisión del exregidor y de la también socialista Lucía de Luz por lo que considera una postura «incoherente».
«La Administración no puede ir contra sus propios actos ni dar información engañosa», recalcó el concejal, insistiendo en que la mercantil que solicitó la información urbanística es la misma que después pidió la licencia para las viviendas del entorno.
El debate deja en evidencia que la polémica gasolinera junto al Puente Árabe no es solo una cuestión técnica, sino que se ha convertido en un nuevo campo de batalla política en el Ayuntamiento de Guadalajara.
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