El antiguo alcalde de Labajos, Santiago Fuentes Gómez, afronta un juicio oral que arrancará el próximo 22 de septiembre ante la Audiencia Provincial de Segovia, donde la Fiscalía solicita para él una pena de 4 años y 11 meses de prisión por una serie de presuntos delitos cometidos durante su mandato al frente del municipio segoviano.
El proceso judicial tiene su origen en una investigación iniciada hace ya una década, en 2016, y ha atravesado años de diligencias hasta desembocar ahora en la fase de juicio oral. Junto al exalcalde, otras cinco personas también están acusadas, aunque con distintos grados de responsabilidad atribuida.
Los delitos que la Fiscalía imputa a Fuentes Gómez son prevaricación administrativa, varios delitos contra la ordenación del territorio y malversación de fondos públicos. En concreto, se le atribuyen tres infracciones urbanísticas que suman 35 meses de prisión, a los que se añaden 24 meses más por el delito de malversación, hasta alcanzar el total de 59 meses solicitados.
Las acusaciones no se limitan a la pena de cárcel. El Ministerio Fiscal también pide para el acusado inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público, la retirada del derecho de sufragio pasivo y el pago de multas económicas. Además, reclama que sea el propio exalcalde quien corra con los gastos de demolición de dos construcciones: una nave agrícola en el polígono 6 del municipio y otra nave almacén-agrícola en la calle Flores de Labajos.
La causa examina diversas actuaciones llevadas a cabo durante anteriores corporaciones municipales, entre ellas la concesión irregular de licencias de obra, la edificación de naves sin amparo legal y decisiones relacionadas con el planeamiento urbanístico del pueblo. También se investigan movimientos en los gastos municipales, contratos y obras ejecutadas por el Ayuntamiento en aquellos años.
Labajos es un pequeño municipio de la provincia de Segovia que ahora ve cómo su pasado reciente queda expuesto ante los tribunales tras años de instrucción judicial.
Será la Audiencia Provincial de Segovia la que, a partir del 22 de septiembre, valore las pruebas presentadas por todas las partes y determine si procede o no declarar la responsabilidad penal de los acusados. La sentencia, sea cual sea, pondrá punto final a un proceso que lleva diez años pendiente sobre la vida pública de este rincón de la provincia.
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