El segundo enlace eléctrico submarino entre Menorca y Mallorca da un paso importante en su larga tramitación. El Servicio de Evaluación Ambiental del Govern ha emitido un informe favorable sobre el trazado terrestre del proyecto, aunque lo condiciona al cumplimiento de hasta catorce medidas técnicas orientadas a proteger a los vecinos, la fauna y el patrimonio arqueológico.
La aprobación llega después de que varios residentes próximos al trazado alzaran la voz por temor a los efectos de los campos electromagnéticos sobre su salud. El cable pasará a menos de cien metros de 141 viviendas y a menos de cincuenta metros de otras 36. Seis de ellas se encuentran en un radio de diez metros, y hay un caso extremo: una casa situada a solo dos metros del recorrido previsto.
Pese a la cercanía, los técnicos del Govern concluyen que los valores electromagnéticos calculados son insignificantes respecto a los límites reglamentados, incluso inferiores a los que generan fuentes cotidianas como los centros de transformación o las acometidas eléctricas de los propios edificios.
No obstante, el informe exige precauciones concretas en las zonas más sensibles. En la urbanización de Son Blanc, donde se concentran las viviendas más cercanas al cable, se deberá aumentar la profundidad de la zanja de 1,45 metros a dos metros. Además, se realizarán mediciones en las fachadas de los puntos más críticos para garantizar la seguridad.
El visto bueno no se limita al tramo en tierra. El informe también avala el recorrido submarino, que atraviesa el canal de Menorca por zonas catalogadas como Lugar de Interés Comunitario. Para proteger la biodiversidad marina, el proyecto deberá contar con un experto a bordo del barco cablero que vele por las especies protegidas y que pueda ordenar modificaciones en el trazado si fuera necesario. El Govern también recomienda la presencia de un arqueólogo para paralizar las obras ante cualquier hallazgo en el lecho marino.
El cable entrará a tierra por la punta de Son Oleo, junto al dique exterior, y su puesta en marcha se contempla en el horizonte de 2030.
Un detalle que no pasa desapercibido en la documentación del proyecto es el destino previsto para la infraestructura una vez agotada su vida útil, fijada en cuarenta años: los cables quedarán abandonados en el fondo del mar, ya que el coste de extraerlos y el impacto de la remoción del lecho marino harían inviable su recuperación.
