El servicio de vigilancia costera del Govern balear ha intensificado su presencia en las aguas de Menorca durante las primeras semanas de agosto, con doce inspecciones realizadas que han concluido con cuatro actas levantadas y dos denuncias formales.
Las actuaciones, llevadas a cabo por el Servicio de Vigilancia, Inspección y Control del Litoral y gestionadas por PortsIB, han abarcado algunos de los puntos más frecuentados de la isla durante el verano. Entre las zonas vigiladas se encuentran Ciutadella, Sant Tomàs, el puerto de Maó, la playa de Macarella, Cala en Turqueta, la bahía de Fornells, Cala Degollador, Cala en Blanes y Santandria.
El foco principal de las inspecciones ha sido la actividad de chárter náutico, seguida del control de fondeos, el uso de los campos de boyas y el transporte marítimo. Precisamente la lucha contra el chárter ilegal centra este año su octava campaña específica, reflejo de la persistencia del problema en las aguas baleares.
El objetivo del dispositivo, según la Conselleria del Mar, es garantizar que empresas y embarcaciones cumplen con la normativa vigente y ordenar la actividad náutica en las semanas de mayor afluencia. Para ello, el servicio mantiene una presencia continuada en el litoral durante los momentos de máxima actividad.
En el conjunto del archipiélago, Mallorca lidera el número de actuaciones con 23 inspecciones, nueve actas y una denuncia. Eivissa, por su parte, registra once inspecciones, cuatro actas y dos denuncias, cifras similares a las de Menorca. En total, el servicio cuenta esta temporada con 22 embarcaciones operativas distribuidas entre las islas.
Las cifras no han pasado desapercibidas entre la ciudadanía, que en redes y foros locales ha cuestionado si el volumen de actuaciones resulta suficiente para hacer frente a la magnitud de las irregularidades que se observan cada verano en las costas de la isla.
La temporada estival en Menorca, declarada Reserva de Biosfera, concentra una presión náutica especialmente elevada que pone a prueba cada año la capacidad de control de las administraciones. El reto de compatibilizar el turismo marítimo con la protección del litoral sigue siendo una asignatura pendiente que los vecinos exigen abordar con más recursos y más contundencia.
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