El Tribunal del Jurado ha declarado culpable por unanimidad a JHL de todos los delitos imputados por el crimen cometido contra su suegro en Aranda de Duero en 2024. El veredicto rechaza además cualquier suspensión de pena o concesión de indulto, sea total o parcial.
El jurado consideró probado que el acusado dio muerte al padre de su mujer de forma violenta, aprovechando que la víctima no tenía posibilidad de repeler el ataque. También lo declaró culpable de irrumpir sin permiso en la vivienda de la avenida de Castilla donde residían familiares del fallecido, entre ellos menores y personas mayores.
A esos delitos se suman los de robo con violencia, por hacerse con teléfonos y llaves usando la fuerza contra las víctimas, aunque el jurado lo absolvió por unanimidad de un cargo específico sobre un terminal móvil. Igualmente fue declarado culpable de sustraer sin autorización un furgón de la empresa Javier Kan Industria Ganadera y de colocar matrículas falsas para escapar de la policía.
La huida lo condujo hasta la provincia de Segovia, donde embistió con ese vehículo a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que lo habían interceptado. Uno de ellos necesitó primera asistencia facultativa y el otro requirió tratamiento rehabilitador posterior. Por ello el jurado lo declaró culpable también de atentado y lesiones a la autoridad.
Para descartar la tesis de un posible trastorno mental, el tribunal popular se apoyó en los testimonios de vecinos, testigos y agentes, así como en los informes de los médicos forenses, que rechazaron cualquier alteración en las facultades del acusado en el momento de los hechos.
El jurado sí tuvo en cuenta como circunstancia favorable que el acusado reconoció los hechos en su turno de última palabra, aunque alegó amnesia parcial, y que la defensa consignó 66.000 euros para responder en parte a las indemnizaciones civiles.
Las posiciones de cara a la pena difieren. La fiscalía acepta la atenuante de reparación del daño, salvo para el delito de atentado, y descarta tanto la confesión como el agravante de parentesco. La acusación particular exige la pena máxima para el asesinato y niega cualquier atenuante. La defensa reclama que se apliquen las atenuantes de reparación y confesión, y solicita la condena en su grado mínimo.
Con información de BurgosConecta Burgos.
