El municipio zamorano de El Maderal estrena una nueva ordenanza que obliga a los propietarios de solares, parcelas y terrenos a mantenerlos limpios y desbrozados bajo pena de importantes sanciones económicas. La normativa, que ya tiene carácter definitivo, nace con un objetivo claro: reducir el riesgo de incendios en el término municipal.

La ordenanza afecta tanto al suelo urbano y urbanizable como al suelo rústico, y pone la responsabilidad directamente en manos de los propietarios, sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Todos ellos deberán asegurarse de que sus terrenos estén libres de maleza, broza, residuos y cualquier material que pueda favorecer el inicio o la propagación de un incendio.
En los terrenos urbanos y urbanizables, esta obligación es permanente. Además, tanto estos como los rústicos deberán haber completado una primera actuación de limpieza antes del 1 de junio de cada año. En el caso de las parcelas dedicadas a la agricultura o la ganadería, los trabajos de desbroce deberán adaptarse a los ciclos propios de cultivo, barbecho y pastoreo.
La normativa también recuerda que durante la época de peligro alto de incendios habrá que respetar las restricciones de la Junta de Castilla y León sobre el uso de determinadas herramientas y maquinaria.
Uno de los puntos más relevantes es la posibilidad de que el propio Ayuntamiento intervenga cuando un propietario no cumpla. Si tras recibir una orden de ejecución el terreno sigue sin limpiarse, el Consistorio podrá hacerlo directamente y cargar todos los gastos al titular del terreno, pudiendo recurrir incluso al procedimiento de apremio si este no paga voluntariamente.
En cuanto a las sanciones, el incumplimiento se considera una infracción leve según la legislación urbanística de Castilla y León, pero las multas pueden oscilar entre 1.000 y 10.000 euros según la gravedad. Lo más destacable es que la multa no exime de limpiar: el propietario puede ser sancionado y además asumir el coste de la limpieza realizada por el Ayuntamiento.
Eso sí, la ordenanza ofrece una salida a quienes reconozcan su responsabilidad: si el presunto infractor acepta los hechos y paga antes de la resolución renunciando a recursos, la sanción se reduce a la mitad.
La normativa salió adelante sin reclamaciones durante el periodo de exposición pública, lo que refleja el respaldo vecinal a una medida que busca proteger al pueblo frente a uno de los mayores peligros del verano en Castilla y León.
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