El grupo municipal del Partido Popular en Maó ha elevado la voz ante lo que considera una situación inaceptable: el Ayuntamiento de la ciudad lleva más de un mes sin ofrecer acceso actualizado al registro general de entrada y salida del consistorio a los concejales de la oposición.
Según denuncia el PP, los últimos datos disponibles corresponden al 24 de julio, lo que supone que durante todo este tiempo los representantes populares han estado trabajando sin poder conocer en tiempo real la documentación que entra y sale del Ayuntamiento.
La portavoz del grupo, Virginia Victori, ha formalizado un requerimiento oficial en el que exige que se restituya ese acceso de forma inmediata y sin más demoras. En el escrito, el PP advierte de que, si no se resuelve la situación, trasladará los hechos a las autoridades y organismos competentes.
Los populares rechazan de plano la explicación ofrecida por el equipo de gobierno que encabeza Héctor Pons, quien habría atribuido el problema a una incidencia de carácter administrativo o informático. Para el PP, esa justificación resulta injustificable dado el tiempo transcurrido sin solución.
El partido insiste en que el acceso a la información municipal no es un favor ni depende de la buena voluntad del gobierno local, sino un derecho reconocido por la legislación vigente para todos los miembros de la corporación. Sin ese acceso, consideran que se obstaculiza directamente la labor de control y fiscalización que corresponde a la oposición.
El PP califica la situación de especialmente grave por su carácter contradictorio: el propio Ayuntamiento exige a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones mientras no garantiza a sus propios concejales los derechos básicos para ejercer su función.
Entre las exigencias recogidas en el requerimiento figura también que el documento sea trasladado a la Secretaría General del Ayuntamiento, dejando constancia formal de la reclamación.
El asunto llega en pleno verano, una época en la que la actividad municipal suele reducirse, pero que no exime a los equipos de gobierno de mantener operativos los mecanismos de transparencia y control democrático que marca la ley.
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